La responsable de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Leire Iglesias, ha presentado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, por considerar que vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Iglesias ha recordado que la normativa aprobada por el Gobierno es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.
No obstante, la portavoz del PSOE ha señalado que este texto fue «eliminado en diez minutos», a pesar de que había contado con el apoyo por unanimidad del Congreso, «sin que el resto de grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir». «Por eso el PSOE entiende que se ha vulnerado la Constitución española y los derechos de los ciudadanos», ha enfatizado.
Iglesias ha evitado entrar en conflictos con la plataforma, después de que desde la misma se tachase de «oportunista» la presentación de un nuevo recurso por parte del grupo socialista y no firmase el texto de la organización. «No se ha roto ningún tipo de conversación, vamos a seguir trabajando con ellos y hemos tenido en cuenta todos los fundamentos que nos pidieron», ha apostillado.
Así, Iglesias ha destacado que el recurso del PSOE, que recoge vulneraciones de 14 artículos de la Constitución, también atiende todos los argumentos jurídicos de la PAH. En concreto, la portavoz ha subrayado la cuestión referida a la tutela judicial efectiva y ha criticado que los jueces «no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda».
Iglesias también ha apuntado que la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio. «Se paraliza sólo el último momento de expulsión ante unas condiciones determinadas, como la del menor de tres años a cargo», ha indicado.
Asimismo, el PSOE ha recordado la obligación de los Estados de proteger los derechos de los ciudadanos. En este sentido, Iglesias ha denunciado que «no puede ser una alternativa que la familia que ha sido desahuciada se dirija a la entidad financiera que la ha expulsado a rogar su domicilio», en relación al fondo social de viviendas.
La portavoz de vivienda del PSOE ha insistido en que el PSOE siempre acude al TC para «defender los derechos de los ciudadanos, mientras que el PP viene para recortarlos». «Todas las medidas de vivienda del grupo «popular» condenan a las familias a una situación de insolvencia y al desahucio», ha añadido Iglesias.
En este sentido, Iglesias ha recalcado que la ley de alquiler ha agilizado el «desahucio express», y ha recordado que el Gobierno ha eliminado los subsidios de préstamos en viviendas de protección oficial (VPO) y la renta básica de emancipación.