El patrimonio de las familias crece un 9,1%, según el BDE

vivienda-propiedadEl patrimonio de las familias creció un 9,1 por ciento a finales de 2013 respecto al año anterior, mientras que la deuda acumulada cayó un 6 por ciento en comparación con 2012, según los datos difundidos esta semana por el Banco de España.

La riqueza financiera neta de las familias españolas, que es la diferencia entre sus ahorros y los préstamos que deben a las instituciones financieras, alcanzó al cierre de 2013 los 1,044 billones de euros, la cifra más alta registrada por el Banco de España desde 2006, antes del inicio de la crisis económica.

Estos datos son positivos en todas sus variables. El cierre de 2013 representa un aumento de un 25,6 por ciento respecto al de 2012, año en el que la riqueza financiera de las unidades familiares se situó en los 831.473 millones de euros. Según estos datos,  el dinero en efectivo, así como las acciones, los depósitos y los valores en renta propiedad de los hogares españoles el pasado año ascendieron a 1,891 billones de euros, un 9,1 por ciento más que en 2012 y el nivel más alto alcanzado desde 2007.

Este volumen de riqueza supera a los 846.881 millones de euros pendientes de pago en pasivos financieros -préstamos a corto y a largo plazo y otras cuentas pendientes de pago, como créditos comerciales y anticipos-, algo que ocurre por primera vez también desde el año 2007. Los hogares españoles deben un 6 por ciento menos que en 2012.

Los préstamos a largo plazo, en especial los hipotecarios, representaban el 89 por ciento del total, con un volumen de deuda de 760.022 millones de euros. El crédito a corto plazo, sobre todo para el consumo, apenas alcanzó los 29.142 millones de euros.

La mayor parte de estos 1,044 billones de euros de diferencia entre activos y pasivos, lo que constituye la riqueza familiare, corresponde a dinero en efectivo y depósitos en cuentas bancarias, que sumaron en 2013 882.115 millones de euros, un 2,6 por ciento más que en 2012. Además los hogares españoles tienen invertidos en acciones y otro tipo de participaciones un total de 644.479 millones de euros, 11,8 puntos porcentuales por encima de lo invertido el año anterior.

Un 27% de las familias posee una segunda residencia

Un 26,7% de los hogares españoles poseía un segunda vivienda en 2011, según datos del último Boletín Económico del Banco de España hechos públicos este jueves. Los datos muestran además que el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal era del 83,1%.

Por su parte, un 26,6% de las familias tenía deuda pendiente por la compra de su vivienda principal. Además, la mitad de los hogares tenía pendiente algún tipo de deuda (49,3%) con un importe medio de 42.900 euros.

En este sentido, el Banco de España señala que por edades, el tramo de los hogares cuyo cabeza de familia era menor de 35 años era el más endeudado, ya que un 80,8% tenía algún préstamo. Por el contrario, el tramo de edad menos endeudado en términos relativos correspondía a aquellos cuyo cabeza de familia superaba los 63 años de edad.

Además, en 2011 un 90% de las familias españolas poseía algún tipo de activo real (mobiliario).
Los activos reales constituyeron el 84,4% del valor de los activos totales de los hogares. El Banco de España señala que, si bien esta proporción se reduce a medida que éstas tienen una renta mayor, la proporción continúa siendo “una parte sustancial” del valor de sus activos.

Así, para el 20% de la población con menor renta en 2011 la proporción de los activos reales respecto al total era de un 91,3%. Por su parte, para el 20% con renta más alta, la proporción de estos activos correspondía a un 76,2%.

En lo que se refiere a los activos financieros, un 17,7% de éstos residía en cuentas y depósitos en 2011, lo que supone 5,7 puntos menos que en 2008, cuando la proporción de estos era del 23,4%.

Andalucía comienza el año con otras dos viviendas expropiadas

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía inició el pasado viernes la expropiación de dos inmuebles en La Rambla y La Carlota, en la provincia de Córdoba, para evitar el desahucio de sendas familias. Comienza el año así con otras dos viviendas expropiadas que se suman a las 37 anteriores.

Los interesados que han solicitado acogerse a esta medida de protección recogida en la Ley de la Función Social de la Vivienda son dos matrimonios con hijos en situación de exclusión social. La familia de La Rambla tiene tres hijos, uno de ellos menor. Los dos miembros de la pareja están desempleados, el marido no percibe ninguna prestación y la mujer agota en enero el subsidio agrícola, según señala en una nota la Administración andaluza.

En el caso de La Carlota, la unidad familiar está compuesta por un matrimonio en situación de desempleo y dos hijos menores. La mujer percibe el subsidio por desempleo y el marido no cuenta con ningún ingreso.

La Consejería que dirige Elena Cortés ha realizado en los cinco meses en que lleva en vigor la norma (como Decreto o como Ley) un total de 39 expropiaciones, dos de ellas ya culminadas en el Consejo de Gobierno: 15, en Málaga; seis, en Granada; cinco, en Córdoba; cinco, en Sevilla; tres, en Cádiz; tres, en Almería, y dos, en Huelva. Además, las delegaciones territoriales ultiman más de un centenar de expedientes antes de su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Las expropiaciones del uso de las viviendas, que han sido publicadas este viernes en BOJA, evitan el desalojo durante tres años. El anuncio en el Boletín Oficial de la Junta es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Una vez realizada esta publicación, las sociedades adjudicatarias del piso, en este caso BBK-Cajasur y General Electric Capital Bank, disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y si éstas no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería, para posteriormente publicarlo de nuevo en el Boletín Oficial de la Junta, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno.

El proceso que se inicia ahora es plenamente garantista. Estas expropiaciones iniciadas este viernes en Córdoba son la tercera y la cuarta desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado viernes 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que motivará su suspensión inmediata en que cuanto sea interpuesto.

Dicho recurso motivará la suspensión de los artículos impugnados, entre ellos el que faculta a la Consejería para expropiar viviendas al objeto de evitar desahucios de familias en riesgo acreditado de exclusión social. El TC tendrá cinco meses para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la norma. Ante esta situación, la Consejería remitirá al juzgado que entiende del caso, el de 1ª instancia número 8 de Córdoba, un escrito formal reclamando que no se ejecute el desahucio hasta que el Constitucional no emita una sentencia. Idéntico procedimiento seguirá con los otros expedientes publicados en BOJA.

Es una medida igual a la ya adoptada por la Consejería cuando el Gobierno presentó un recurso contra el Decreto que precedió a la Ley. Ninguna de las familias que se han acogido a esta medida, sea como Decreto o como Ley, han sido desahuciadas. En el momento en que el TC comunique a la Consejería la suspensión de la Ley, el departamento que dirige Elena Cortés solicitará formalmente el levantamiento de la suspensión cautelar de la misma, al producirse una situación de desprotección de derechos constitucionales.

El PSOE recurre al TC la Ley Antidesahucios

La responsable de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Leire Iglesias, ha presentado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, por considerar que vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Iglesias ha recordado que la normativa aprobada por el Gobierno es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.

No obstante, la portavoz del PSOE ha señalado que este texto fue “eliminado en diez minutos”, a pesar de que había contado con el apoyo por unanimidad del Congreso, “sin que el resto de grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir”. “Por eso el PSOE entiende que se ha vulnerado la Constitución española y los derechos de los ciudadanos”, ha enfatizado.

Iglesias ha evitado entrar en conflictos con la plataforma, después de que desde la misma se tachase de “oportunista” la presentación de un nuevo recurso por parte del grupo socialista y no firmase el texto de la organización. “No se ha roto ningún tipo de conversación, vamos a seguir trabajando con ellos y hemos tenido en cuenta todos los fundamentos que nos pidieron”, ha apostillado.

Así, Iglesias ha destacado que el recurso del PSOE, que recoge vulneraciones de 14 artículos de la Constitución, también atiende todos los argumentos jurídicos de la PAH. En concreto, la portavoz ha subrayado la cuestión referida a la tutela judicial efectiva y ha criticado que los jueces “no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda”.

Iglesias también ha apuntado que la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio. “Se paraliza sólo el último momento de expulsión ante unas condiciones determinadas, como la del menor de tres años a cargo”, ha indicado.

Asimismo, el PSOE ha recordado la obligación de los Estados de proteger los derechos de los ciudadanos. En este sentido, Iglesias ha denunciado que “no puede ser una alternativa que la familia que ha sido desahuciada se dirija a la entidad financiera que la ha expulsado a rogar su domicilio”, en relación al fondo social de viviendas.

La portavoz de vivienda del PSOE ha insistido en que el PSOE siempre acude al TC para “defender los derechos de los ciudadanos, mientras que el PP viene para recortarlos”. “Todas las medidas de vivienda del grupo “popular” condenan a las familias a una situación de insolvencia y al desahucio”, ha añadido Iglesias.

En este sentido, Iglesias ha recalcado que la ley de alquiler ha agilizado el “desahucio express”, y ha recordado que el Gobierno ha eliminado los subsidios de préstamos en viviendas de protección oficial (VPO) y la renta básica de emancipación.

El PSOE recurre al TC la Ley Antidesahucios

La responsable de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Leire Iglesias, ha presentado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, por considerar que vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Iglesias ha recordado que la normativa aprobada por el Gobierno es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.

No obstante, la portavoz del PSOE ha señalado que este texto fue “eliminado en diez minutos”, a pesar de que había contado con el apoyo por unanimidad del Congreso, “sin que el resto de grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir”. “Por eso el PSOE entiende que se ha vulnerado la Constitución española y los derechos de los ciudadanos”, ha enfatizado.

Iglesias ha evitado entrar en conflictos con la plataforma, después de que desde la misma se tachase de “oportunista” la presentación de un nuevo recurso por parte del grupo socialista y no firmase el texto de la organización. “No se ha roto ningún tipo de conversación, vamos a seguir trabajando con ellos y hemos tenido en cuenta todos los fundamentos que nos pidieron”, ha apostillado.

Así, Iglesias ha destacado que el recurso del PSOE, que recoge vulneraciones de 14 artículos de la Constitución, también atiende todos los argumentos jurídicos de la PAH. En concreto, la portavoz ha subrayado la cuestión referida a la tutela judicial efectiva y ha criticado que los jueces “no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda”.

Iglesias también ha apuntado que la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio. “Se paraliza sólo el último momento de expulsión ante unas condiciones determinadas, como la del menor de tres años a cargo”, ha indicado.

Asimismo, el PSOE ha recordado la obligación de los Estados de proteger los derechos de los ciudadanos. En este sentido, Iglesias ha denunciado que “no puede ser una alternativa que la familia que ha sido desahuciada se dirija a la entidad financiera que la ha expulsado a rogar su domicilio”, en relación al fondo social de viviendas.

La portavoz de vivienda del PSOE ha insistido en que el PSOE siempre acude al TC para “defender los derechos de los ciudadanos, mientras que el PP viene para recortarlos”. “Todas las medidas de vivienda del grupo “popular” condenan a las familias a una situación de insolvencia y al desahucio”, ha añadido Iglesias.

En este sentido, Iglesias ha recalcado que la ley de alquiler ha agilizado el “desahucio express”, y ha recordado que el Gobierno ha eliminado los subsidios de préstamos en viviendas de protección oficial (VPO) y la renta básica de emancipación.