El PSOE recurre al TC la Ley Antidesahucios

La responsable de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Leire Iglesias, ha presentado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, por considerar que vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Iglesias ha recordado que la normativa aprobada por el Gobierno es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.

No obstante, la portavoz del PSOE ha señalado que este texto fue “eliminado en diez minutos”, a pesar de que había contado con el apoyo por unanimidad del Congreso, “sin que el resto de grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir”. “Por eso el PSOE entiende que se ha vulnerado la Constitución española y los derechos de los ciudadanos”, ha enfatizado.

Iglesias ha evitado entrar en conflictos con la plataforma, después de que desde la misma se tachase de “oportunista” la presentación de un nuevo recurso por parte del grupo socialista y no firmase el texto de la organización. “No se ha roto ningún tipo de conversación, vamos a seguir trabajando con ellos y hemos tenido en cuenta todos los fundamentos que nos pidieron”, ha apostillado.

Así, Iglesias ha destacado que el recurso del PSOE, que recoge vulneraciones de 14 artículos de la Constitución, también atiende todos los argumentos jurídicos de la PAH. En concreto, la portavoz ha subrayado la cuestión referida a la tutela judicial efectiva y ha criticado que los jueces “no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda”.

Iglesias también ha apuntado que la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio. “Se paraliza sólo el último momento de expulsión ante unas condiciones determinadas, como la del menor de tres años a cargo”, ha indicado.

Asimismo, el PSOE ha recordado la obligación de los Estados de proteger los derechos de los ciudadanos. En este sentido, Iglesias ha denunciado que “no puede ser una alternativa que la familia que ha sido desahuciada se dirija a la entidad financiera que la ha expulsado a rogar su domicilio”, en relación al fondo social de viviendas.

La portavoz de vivienda del PSOE ha insistido en que el PSOE siempre acude al TC para “defender los derechos de los ciudadanos, mientras que el PP viene para recortarlos”. “Todas las medidas de vivienda del grupo “popular” condenan a las familias a una situación de insolvencia y al desahucio”, ha añadido Iglesias.

En este sentido, Iglesias ha recalcado que la ley de alquiler ha agilizado el “desahucio express”, y ha recordado que el Gobierno ha eliminado los subsidios de préstamos en viviendas de protección oficial (VPO) y la renta básica de emancipación.

El PSOE recurre al TC la Ley Antidesahucios

La responsable de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Leire Iglesias, ha presentado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, por considerar que vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Iglesias ha recordado que la normativa aprobada por el Gobierno es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.

No obstante, la portavoz del PSOE ha señalado que este texto fue “eliminado en diez minutos”, a pesar de que había contado con el apoyo por unanimidad del Congreso, “sin que el resto de grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir”. “Por eso el PSOE entiende que se ha vulnerado la Constitución española y los derechos de los ciudadanos”, ha enfatizado.

Iglesias ha evitado entrar en conflictos con la plataforma, después de que desde la misma se tachase de “oportunista” la presentación de un nuevo recurso por parte del grupo socialista y no firmase el texto de la organización. “No se ha roto ningún tipo de conversación, vamos a seguir trabajando con ellos y hemos tenido en cuenta todos los fundamentos que nos pidieron”, ha apostillado.

Así, Iglesias ha destacado que el recurso del PSOE, que recoge vulneraciones de 14 artículos de la Constitución, también atiende todos los argumentos jurídicos de la PAH. En concreto, la portavoz ha subrayado la cuestión referida a la tutela judicial efectiva y ha criticado que los jueces “no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda”.

Iglesias también ha apuntado que la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio. “Se paraliza sólo el último momento de expulsión ante unas condiciones determinadas, como la del menor de tres años a cargo”, ha indicado.

Asimismo, el PSOE ha recordado la obligación de los Estados de proteger los derechos de los ciudadanos. En este sentido, Iglesias ha denunciado que “no puede ser una alternativa que la familia que ha sido desahuciada se dirija a la entidad financiera que la ha expulsado a rogar su domicilio”, en relación al fondo social de viviendas.

La portavoz de vivienda del PSOE ha insistido en que el PSOE siempre acude al TC para “defender los derechos de los ciudadanos, mientras que el PP viene para recortarlos”. “Todas las medidas de vivienda del grupo “popular” condenan a las familias a una situación de insolvencia y al desahucio”, ha añadido Iglesias.

En este sentido, Iglesias ha recalcado que la ley de alquiler ha agilizado el “desahucio express”, y ha recordado que el Gobierno ha eliminado los subsidios de préstamos en viviendas de protección oficial (VPO) y la renta básica de emancipación.

Plantean la dación en pago en entidades rescatadas por el Estado

Iniciativa per Catalunya (ICV), que comparte grupo parlamentario con IU y CHA en el Congreso, pedirá al Gobierno que regule la dación en pago como fórmula para saldar deudas hipotecarias con entidades bancarias que hayan sido rescatadas o que estén avaladas con dinero público, según se recoge en una interpelación urgente a la ministra de Fomento y Vivienda, Ana Pastor, recogida por Europa Press y que se debatirá en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles.

Según plantean los diputados Joan Coscubiela y Laia Ortiz, las entidades bancarias fueron en gran medida causantes de la “espiral inflacionista en los precios de la vivienda” de los últimos años como consecuencia de las condiciones en las que otorgaban créditos hipotecarios, ante la “pasividad del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda”.

Ésta era una “práctica beneficiosa únicamente desde el punto de vista de las entidades que otorgaban aquellos créditos y que, con esto, contribuían a que España lograra los mayores índices de sobreendeudamiento privado del mundo”, reprochan los diputados del grupo de Izquierda Plural.

Ahora que la crisis económica y el paro dificulta a muchas familias españolas el pago de estas hipotecas, muchos de los tomadores de créditos bancarios están siendo sometidos a desahucios, mientras las promotoras de vivienda, que tienen “grados de insolvencia muy superiores”, son “tratadas preferentemente por los bancos a través de daciones masivas de sus activos sin deuda residual”.

Por eso, los diputados exigen “mecanismos reguladores de los procesos de ejecución de los créditos con garantía hipotecaria protegiendo los intereses de una ciudadanía que se encuentra en posición de vulnerabilidad”. “No es suficiente ni justo que el Estado sólo se preocupe de salvar y reforzar la solvencia de las entidades financieras con la aportación de miles de millones de euros (…) y no se adopte ninguna medida para garantizar una protección necesaria y justa a los ciudadanos en riesgo de perder sus viviendas”, opinan.

La autorregulación no basta

De cara al futuro y dado que los diputados consideran que estas prácticas “no se contendrán a través de la autorregulación de los sectores implicados”, también pedirán al Ejecutivo que legisle “el marco del campo de juego razonable en que se deben llevar a cabo las operaciones crediticias que afectan a la obtención de un bien como es la vivienda”.

Es necesario introducir límites en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria para todas aquellas entidades de crédito que hayan sido rescatadas con fondos públicos procedentes del FROB o que se beneficien del aval público sobre sus depósitos, de forma que se priorice la fórmula de dación en pago y otras modalidades de acuerdo con los deudores que garanticen, en todo, el mantenimiento del derecho a la vivienda”, reclaman.

En concreto, piden “construir un sistema de límites temporales y cuantitativos” a la hora de otorgar créditos hipotecarios que sean “homologables a los existentes en otros estados de la UE”, fijando así una cantidad máxima de hipoteca en relación con los ingresos de las familias, así como un plazo máximo de años para su devolución. Esto permitirá, a su juicio, contener y frenar “un futuro sobreendeudamiento hipotecario”.

Tras el debate sobre este tema que mantendrán con la ministra, la Izquierda Plural forzará al resto de grupos a explicitar su opinión sobre la dación en pago el próximo 6 de marzo, cuando se votará en la Cámara baja la moción resultante de esta interpelación.

En la misma línea, el diputado de Coalición Canaria Pedro Quevedo Iturbe ha presentado una proposición no de ley (PNL) recogida por Europa Press en la que insta al Gobierno a promover la modificación de la regulación hipotecaria para que incluya la dación en pago para los casos de residencia habitual, previendo que la ejecución hipotecaria cubra la totalidad de la deuda principal más intereses y costas judiciales.

Además, también emplaza al Ejecutivo a “incrementar la cantidad considerada inembargable en nóminas, retribuciones, pensiones y otros ingresos en el caso de que la vivienda hipotecada sea la residencia habitual y teniendo en cuenta además las cargas familiares de los afectados” y ha aprobar una moratoria o implementar otras medidas para “paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria” hasta que se aprueben las otras medidas solicitadas

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) citados por Quevedo Iturbe, sólo entre 2007 y 2010 se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, cifra que podría elevarse hasta el medio millón si se incluyen los ejercicios 2011 y 2012.

“Cuando (se ejecuta un crédito hipotecario las familias), además de perder la vivienda, se enfrentan a una condena financiera de por vida que suele dirigirlos además a la exclusión social y la economía sumergida”, alerta el diputado, criticando además que la actual normativa permita a las entidades financieras a quedarse con sus viviendas por el 50 por ciento del precio de tasación.

Además, también acusa a las entidades bancarias de haber realizado “publicidad engañosa en la comercialización de la mayoría de las hipotecas” y de incluir en los contratos “todo tipo de cláusulas abusivas, como las del suelo,” que pasaban desapercibidas para los suscriptores de las hipotecas por el “lenguaje de difícil comprensión utilizado”.

Las personas atendidas por Cáritas rozan el millón

Los efectos sociales de la crisis en la red confederal de Acogida y Atención primaria de Cáritas se siguen sintiendo con intensidad, a la luz de los datos recogidos en el VI Informe del Observatorio de la Realidad que se ha hecho público la semana pasada en Madrid y en el que se constata que el número de respuestas ofrecidas en todo el país se ha disparado en los cuatro últimos años, al pasar de 400.000 personas atendidas en 2007 a 950.000 en 2010.

La gran mayoría de los casos atendidos son familias (74%), mientras que las personas solas representan la cuarta parte (24%).

Prueba de que la crisis sigue causando un grave impacto en los ciudadanos más vulnerables es el hecho de que del cerca del millón de personas atendidas por Cáritas en sus centros de Acogida, unas 300.000 acudieron por primera vez a Cáritas. Se trata, como ha explicado el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, en la presentación del Informe, de “personas que han pasado de la vulnerabilidad a la pobreza o de la integración a la vulnerabilidad, afectadas principalmente por el paro creciente”.

De igual manera que se han multiplicado el número de personas atendidas, entre 2007 y 2010, Cáritas ha duplicado las inversiones anuales destinadas a ayudas económicas a las personas y familias que se entregan a través de los servicios de Acogida, hasta alcanzar la suma de 30 millones de euros.

Asimismo, se sigue constatando el peso, sobre el total de los fondos invertidos en este capítulo, de las cuantías destinadas a afrontar el pago de ayudas económicas destinadas a la alimentación y vivienda, junto a gastos médicos y suministros domésticos de diverso tipo.

Perfil de los demandantes de ayuda

El VI Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas confirma que el perfil mayoritario de quienes que acuden en demanda de ayuda urgente es el de personas que han perdido su empleo como consecuencia la crisis, y que si en los primeros momentos de esta comenzaron siendo desempleados “recientes”, han pasado ahora a ser parados de “larga duración”.

En este sentido, cabe afirmar, como subrayó en la presentación Francisco Lorenzo, coordinador del Equipo de estudios de Cáritas, que “en 2010, además de asistir a la consolidación de las nuevas pobrezas que emergieron en los años 2008 y 2009, comienza a constatarse la “cronificación” de situaciones sociales de precariedad debido al largo período de permanencia en situación de desempleo”.

En la actualidad, los datos del Informe indican que la pérdida de empleo está afectando cada vez más a personas más formadas, con estudios y amplia experiencia laboral.

En el perfil de las personas atendidas por Cáritas destacan también el porcentaje de familias jóvenes, encabezadas por cónyuges de entre 20 y 40 años de edad, con uno o dos hijos pequeños, así como jóvenes desempleados en busca del primer empleo, los parados de más de 45 años y las mujeres solas con cargas familiares, generalmente no compartidas, y con problemas de conciliación entre vida familiar y laboral.

Estrategias de subsistencia

Otro aspecto destacable de este Informe es la confirmación de cómo las personas y familias están desarrollando diversas estrategias de subsistencia para afrontar los efectos de la crisis, como son, por este orden, el apoyo desde la familia, el trabajo en actividades de economía sumergida y la búsqueda de apoyo y ayuda en las organizaciones sociales.

Como ha indicado Sebastián Mora, “la crisis nos está cambiado profundamente la vida y está afectando a las estrategias de supervivencia, la manera de relacionarnos y vincularnos, la preeminencia de la familia como factor esencial en el afrontamiento de la pobreza o el papel de las relaciones vecinales”. “Esto demuestra una vez más que la crisis no es sólo económica sino una crisis antropológica que nos pone encima de la mesa la necesidad, como dice nuestra campaña institucional, de que las “cosas importantes se hacen con el corazón”, añadió.

Derivación desde los servicios sociales públicos

Otro dato aportado por el VI Informe, que ya se recogía en informe precedentes, es el fenómeno de derivación de personas hacia los centros de Cáritas desde los servicios sociales públicos. En concreto, el 67% de las personas que acuden a Cáritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos.

A este respecto, se señala que mientras el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Cáritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días.

tro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días), en Cáritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días.

Con relación a esta labor de suplencia, el Informe recoge que el 87% de las Cáritas Diocesanas manifiesta que con su acción están supliendo a las Administraciones públicas a la hora de responder a muchas de las necesidades básicas de las personas excluidas.

Ante esta realidad, Sebastián Mora reiteró que “la acción de Cáritas no es, ni debe ser sustitutiva de las responsabilidades públicas”. “Cáritas –dijo- tienen una vocación y misión de trabajar desde los principios de solidaridad y subsidiariedad en un horizonte de complementariedad y cooperación con las Administraciones públicas, pero nunca de sustituir su labor. El papel de Cáritas no es sustituir a las Administraciones, sino trabajar conjuntamente con ellas y otras organizaciones sociales en la lucha contra la pobreza”.

Impacto de la crisis en la cohesión social

Durante la rueda de prensa se presentó también un breve resumen del informe FOESSA recientemente editado por Cáritas bajo el título “El primer impacto de la crisis en la cohesión social de España”, realizado por los profesores Miguel Laparra y Begoña Pérez Erasus, que complementa muchas de las constataciones del VI informe del Observatorio.

Este estudio se confirma, entre otros datos, cómo en sólo un año –de 2008 a 2009— en España se registró un crecimiento de la pobreza en más de 1,3 puntos, el porcentaje de hogares que no reciben ningún tipo de ingresos ha pasado en 2010 a una tasa del 2,7 por ciento (lo que supone una cifra de más de medio millón de hogares) y los índices de precariedad y exclusión social se disparan entre 2007 y 2009, con lo que la pobreza relativa en España alcanza ya a un 20,8 por ciento de la población (casi 10 millones de personas).

Los informes de Cáritas: veraces y apegados a la realidad

En la rueda de prensa, el Secretario general de Cáritas ha recordado que “lo esencial de nuestra realidad no son los números y las cifras, sino la vida de personas y familias que hay tras ellos”, Por ello, explicó, “nuestros informes son pálpito de la realidad porque hay vidas, dramas y gozos, tras ellos; por eso siempre son veraces, cercanos, claros y evidencian la realidad, y son además, informes responsables porque responden a la realidad y responden a las necesidades de los más pobres a los que damos acogida con el trabajo de 60.000 voluntarios y de 6.000 profesionales, que desde la ciencia y la conciencia, aportan lo mejor de sí”.

Sebastián Mora quiso dejar claro que “este informe no es una crítica a las diferentes Administraciones públicas, sino, sobre todo, una llamada profunda y serena a la responsabilidad de todas las instituciones, públicas y privadas; a todos los agentes sociales, culturales y  económicos; a todas las organizaciones sociales o políticas, y a todas las personas para que nos comprometamos radicalmente en la lucha contra la pobreza”. “Todos y todas somos responsables y debemos aportar nuestro granito de arena, porque –afirmó- la situación que están sufriendo las personas y familias más empobrecidas nos reclaman mayor compromiso social”.

El secretario general de Cáritas concluyó su intervención con un  “llamamiento a la participación y colaboración. La sociedad nos reclama mayor presencia y necesitamos colaboradores para la tarea, cada persona según sus posibilidades”.