La nueva Ley de Morosidad que se votará el próximo 23 de marzo en la Comisión de Industria, aunque supone reducir de 90 a 60 días los pagos entre las empresas y de 60 a 30 los abonos en los contratos con las administraciones, contempla la posibilidad de un «pacto entre las partes»: una coletilla que el PSOE no quiere eliminar de la nueva ley, y que, según los expertos, dejaría a las empresas auxiliares de la construcción, que emplean 270.000 trabajadores y facturan 60.000 millones de euros, a los pies de los caballos, al dejar en manos del contratista la fecha en la que hacer frente a las deudas con sus proveedores.
Estos plazos supondrían una buena noticia si no fuera porque el texto mantiene lo de “salvo pacto entre las partes”, ya que en la industria de la construcción, el plazo supera los 210 días, según asegura José Miguel Gil, presidente de la Federación Empresarial de Distribución del Cemento y Materiales de la Construcción (Fedcam).