La nueva Ley de Morosidad que acaba de entrar en vigor el miércoles día 7 de julio, fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas con un periodo de adaptación, en ambos casos, que se alargará hasta 2013, según informa Europa Press.
En el caso de las empresas constructoras, los plazos de pago serán diferentes y podrán realizarlos a 120 días desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011. En el año siguiente este plazo debe rebajarse a 90 días, para fijarlo en los 60 reglamentarios en el ejercicio 2013.