La Junta de Andalucía está tramitando, tras cumplirse poco más de un mes de la entrada en vigor del decreto ley de la función social de la vivienda, un total de 63 expedientes de particulares que quieren que se lleve a cabo la expropiación temporal de sus casas para poder seguir en ellas. A esas solicitudes, se sumarán previsiblemente otras 20, que se están preparando.
En el caso de esos 63 expedientes (centrados sobre todo en la capital, aunque también hay del área metropolitana de Málaga e, incluso, del interior de la provincia), se ha pedido a los distintos ayuntamientos en los que residen los solicitantes que remitan los informes preceptivos sobre la situación de exclusión social de las familias, de cara a seguir con la tramitación.
En octubre o noviembre de este año podrían materializarse las primeras expropiaciones, según las previsiones del delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, Manuel García Peláez.
Precisamente, éste último y el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, han visitado este martes la Oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que presta servicio a la ciudadanía afectada por desahucios hipotecarios.
Esta oficina, en la que, actualmente, prestan su servicio siete personas, se activó el pasado 8 de octubre y ha registrado un aumento exponencial de las atenciones registradas mes a mes. Desde entonces, ha atendido más de 1.140 consultas, de las que 728 han sido entrevistas presenciales, que han dado lugar a la apertura de 639 expedientes o casos de diverso tipo (prevención, intermediación o protección).
«La importancia de tomar medidas para las personas, medidas que priman el interés general sobre otros particulares, deja de admitir discusiones cuando vemos los resultados y la actividad que está registrando esta oficina, en la que ya hemos evitado 315 casos de desahucio», ha destacado Ruiz Espejo, quien, en consecuencia, ha valorado «el haber ayudado a resolver 315 dramas familiares».
García Peláez, por su parte, ha señalado que tanto la puesta en marcha de la oficina como el decreto ley «suponen un servicio público eficaz y gratuito, que vienen a cubrir una necesidad real», de forma «que no haya viviendas sin gente ni gente sin vivienda».
El delegado de Fomento y Vivienda ha indicado que se estima que en Málaga el número de viviendas vacías superan las 120.600, de las que aproximadamente el 50 por ciento correspondería a inmuebles en propiedad de entidades financieras, sociedades patrimoniales o inmobiliarias.
Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz ha recordado la orden dada el pasado 16 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se devuelvan a los juzgados las órdenes inmediatas de desahucios.
Ruiz Espejo ha afirmado que en Málaga capital hay ya 310 órdenes de desahucios que van a ser devueltas y 135 en el resto de la provincia, por lo que el número total asciende a 445.
En todos los casos, se trata de desahucios por ejecuciones hipotecarias, no por impago de rentas. Entre estas órdenes, serán paralizados los casos que entren en los supuestos de especial vulnerabilidad o exclusión social de las familias o bien aquellos en los que se aprecien cláusulas abusivas en la hipoteca.
