Se trata de una resolución conjunta de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Intervención General del Estado (IGAE) que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor a partir del 24 de agosto.
La finalidad de la resolución es «evitar actuaciones recaudatorias que presupongan un nulo provecho para la Hacienda Pública o para el cumplimiento de los fines encomendados a la Administración Pública».
De esta forma, se anularán todas las liquidaciones practicadas a 30 de junio de 2011 por la Agencia Tributaria y por la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, de las que resulte una deuda de menos de tres euros.