Durante su comparecencia Fátima Báñez ha recordado que en las secciones de los Presupuestos Generales del Estado de su competencia se recogen buena parte del gasto público social y el gasto en políticas de empleo, que constituye el principal desafío al que se enfrenta el Gobierno, además de una parte importante de la política de inmigración y emigración.
La ministra ha explicado que, ante uno de los momentos más duros de la reciente historia económica, el Gobierno ha adoptado medidas contundentes de carácter presupuestario y reformas estructurales con el objetivo de recuperar la confianza y sentar las bases para el crecimiento futuro. «Sin confianza no hay crédito, y sin crédito es muy difícil el crecimiento», añadió.
En este sentido, ha señalado que gastar menos, gastar mejor, impulsar las reformas estructurales que sientan las bases de nuestro crecimiento futuro para garantizar los principales elementos del gasto social, es la estrategia del Ejecutivo.
Fátima Báñez mostró su confianza en la recuperación de la senda de sostenibilidad en el gasto público para demostrar a nuestros socios europeos que Europa no es posible sin España y que nuestro país «quiere volver a estar a la cabeza del proyecto europeo asumiendo sus compromisos».
«Por ello vamos a trabajar por la sostenibilidad del estado del bienestar y buena parte de ello son los presupuestos que presento. Pensiones y prestaciones por desempleo, dos de las partidas más representativas de la función social del Estado se mantienen en su integridad sin recorte alguno», ha recalcado Báñez. De esta forma, ha explicado que se garantizan las pensiones, que han sido revalorizadas volviendo al consenso del Pacto de Toledo, «y no se mueve ni una coma de las condiciones para el acceso a prestaciones por desempleo».
Respecto al gasto en prestaciones, la titular de Empleo y Seguridad Social incidió en el mantenimiento y la garantía del gasto social y rechazó que se hable de recortes en protección por desempleo. «Una mayor tasa de paro no implica necesariamente un mayor gasto, dado que la composición de las prestaciones evoluciona», ha afirmado.
Resaltó también el importante progreso que se había realizado para la separación de las fuentes de financiación del Sistema de Seguridad Social. Así, el crecimiento de la aportación del Estado para la financiación de los complementos a pensiones mínimas crece un 35,6% con respecto a 2011. El Estado pasa así de financiar el 37% de los complementos a contribuir con la mitad, el 50% del gasto, cumpliendo con las recomendaciones del Pacto de Toledo. «Ello constituye -ha asegurado la ministra- el mayor incremento de la historia en aportaciones del Estado a estos complementos».
Los presupuestos de la Seguridad Social garantizan el poder adquisitivo de las pensiones y dota unas reservas adecuadas. «El equilibrio presupuestario supone que no se realizan aportaciones al Fondo de Reserva, que crecerá gracias a los propios rendimientos financieros en una cuantía estimada de cerca de 3.000 millones de euros».
En el ámbito del empleo se ha presupuestado un gasto de 36.104 millones de euros, un 8,6 menos que el año anterior. La mayor parte del presupuesto, casi el 95% corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal. El resto corresponde al FOGASA que se dota con 1.275 millones. El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene una dotación presupuestaria de casi 30 millones.
En relación con los presupuestos del SEPE los ingresos provienen de las cuotas de desempleo y formación (20.330 millones), de la aportación del Estado (que debe cubrir el 38% de los fondos, 13.307 millones) y del Fondo Social Europeo, que aportaría 650 millones de euros.
Sobre las políticas activas de empleo señaló que la dotación presupuestaria de las bonificaciones, tras las novedades recogidas en la reforma laboral, crece hasta los 2.600 millones de euros. La aportación destinada al programa Prepara cuenta con 525 millones de euros.
Por último Fátima Báñez se refirió a la importancia que el presupuesto otorga al trabajo autónomo, la cultura emprendedora y la economía social, al que se destina 940 millones de euros, un 12% más que en el ejercicio anterior.
El presupuesto de la Seguridad Social de 2012 supone una reducción del gasto del 3% respecto a 2011 y se financia con aportaciones al sistema y en un 9,26% con los ingresos de las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales.
«El gasto social -recalcó la ministra- se revela más importante que nunca para paliar los efectos que la crisis económica pueda tener en las familias». Con este objetivo, el presupuesto de la Seguridad Social revaloriza las pensiones y limita el ajuste a gastos corrientes, inversiones no fundamentales y gastos de personal».
Sobre el presupuesto del área de inmigración y emigración la cuantía destinada a estas políticas asciende a 160 millones de euros que se reflejan en dos programas, uno de 67 millones para acciones a favor de los inmigrantes y otro de 90 millones a favor de los emigrantes.
Finalizó la ministra su intervención calificando los presupuestos de coherentes, que han sabido defender el gasto social y que han apostado por la eficiencia, limitando el gasto de aquellas partidas superfluas o cuya capacidad para servir a los objetivos de política económica y social eran más limitadas. «Estamos sentado las bases para recuperar una senda de crecimiento generadora de empleo que nunca deberíamos haber abandonado. Queremos hacer las cosas mejor y recuperar el terreno perdido», ha concluido.