«La Sociedad Pública de Alquiler cumple una función social», según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Ha aclarado que el Gobierno no tiene previsto suprimir la SPA, con la que no busca un «beneficio patrimonial, sino un beneficio social«, porque, según recalcó, «la política de vivienda no es un negocio». Y ello a pesar de que se haya sabido que el organismo estatal de arrendamiento estaba en quiebra técnica en 2008.
Corredor respondió de este modo en el Pleno del Senado al parlamentario del PP José Manuel García Ballestero, quien consideró que su puesta en marcha ha sido un «fracaso». Éste criticó que el Gobierno haya tenido que aportar ocho millones de euros para evitar la «quiebra técnica» de esta sociedad que, según detalló, arrojó unas pérdidas de 21 millones de euros en 2008.
«Igual que no pediría que hiciésemos negocio con la sanidad o la educación, no nos puede pedir que hagamos negocio con la política de alquiler», remarcó la titular de Vivienda, quien rechazó que exista un mandato del Senado solicitando la supresión de la SPA. «El único mandato reciente de las Cortes es el del Congreso, que pide que se refuerce con mayores funciones e intervenga más en la gestión del parque público de alquiler», señaló.
Corredor apuntó que la SPA ha permitido profesionalizar el mercado y destacó que sus servicios «se están generalizando en el ámbito privado y en el público», antes de detallar que en un año han crecido un 18% las viviendas que están en alquiler.
Mientras que la Sociedad Pública de Alquiler ha recuperado su equilibrio patrimonial, Beatriz Corredor ha mencionado la situación de otras agencias públicas de alquiler de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Así, ha asegurado que el Instituto Valenciano de Vivienda estuvo en quiebra técnica en 2006 y 2007 y recibió una inyección de 40 millones de euros. De su estado financiero en 2008, ha dicho la ministra, «no sabemos, porque no nos han dado las cuentas, cosa que sí he hecho yo, que le he aportado los datos de la SPA a usted, a su portavoz en el Congreso y las he dispuesto en el Registro Mercantil. Con lo cual, por nuestra parte, no hay absolutamente ningún ejercicio de ocultación».
De igual modo ha mencionado el Plan de Alquiler de la Comunidad de Madrid, que preveía 12.500 contratos anuales cuando hasta ahora sólo ha declarado 3.500, con un gasto de 5,5 millones de euros en publicidad y en atención telefónica.
Comparaciones entre gestión pública y privada
«A través de la SPA pueden acceder a servicios integrales todos los particulares que de otra forma no tendrían acceso a estos gestores», sostuvo la ministra, quien comparó las más de 11.000 viviendas gestionadas por esta entidad en cuatro años, con las 10.000 que se gestionan en el ámbito privado en 30 años. «Son grandes grupos financieros que gestionan los patrimonios de inversión», mientras que la SPA gestiona «los de la gente», subrayó, antes de incidir en que «no se puede hablar de fracaso».
García Ballestero criticó que, frente al objetivo de alcanzar 25.000 viviendas en cuatro años, «ni siquiera se haya llegado al 50%», con 11.200 viviendas, al tiempo que advirtió de que el Gobierno «se avergüenza» de los datos de la SPA, porque «camufla sus gastos y disimula sus pérdidas».
El Ministerio abonará de forma ‘inmediata’ los fondos del ‘Plan E’ para rehabilitación
Por otro lado, la ministra, en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en relación a la gestión del ‘Plan E’ destinado a la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos, apuntó que su ministerio gestiona 110 millones de euros, que fueron distribuidos entre las comunidades autónomas en febrero, especialmente destinados a la rehabilitación energética de vivienda.
«Desde el de 15 octubre ya están los expedientes de tramitación de pago de la segunda parte de esta cantidad», explicó Corredor, que precisó que las comunidades autónomas recibirán estos fondos para rehabilitar un total de 40.300 viviendas en toda España, con la creación de 25.000 empleos. Además, garantizó que todas las solicitudes que se han recibido para rehabilitación y que no entran en este presupuesto se atenderán en el plan estatal de rehabilitación.
Acabar con el urbanismo salvaje
La ministra aprovechó su intervención para emplazar al sector de la construcción a reconvertirse y a incorporar técnicas de innovación tecnológica, utilizando el plan de economía sostenible y el plan estatal de vivienda, así como ayudar a que el empleo sea de mayor calidad, con valor añadido y una formación mejor.
«El urbanismo salvaje, que gasta suelo de forma indebida se tiene que acabar y se va a acabar, gracias a la Ley de Suelo, al Plan de Vivienda y al plan de economía sostenible», recalcó la ministra, que consideró que ese «modelo gastado» del urbanismo salvaje «ha provocado una de las debilidades de esta economía».