El PSOE está estudiando si presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la decisión del Gobierno de eliminar los préstamos subsidiados a la compra o el alquiler que se habían incluido en planes de vivienda anteriores, utilizando para ello la Ley de Fomento del Alquiler.
Fuentes parlamentarias socialistas han avanzado a Europa Press que se está estudiando si finalmente se recurre esta decisión, introducida por el PP a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Fomento del Alquiler, para lo cual el texto de recurso deberá presentarse antes del jueves, cuando expira el plazo legal.
En la disposición adicional segunda de dicha normativa se determina que se mantendrán las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o a la rehabilitación que se vinieran percibiendo y las que hubieran sido reconocidas antes del 15 de julio de 2012 y que ya cuenten con la conformidad de Fomento al préstamo, «siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley».
Sin embargo, se suprimen el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda, y también se prohíbe admitir nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.
Ya durante el último debate en el Congreso de la Ley de Fomento del Alquiler la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, argumentó que, «atendiendo a la jurisprudencia del TC» nunca se debería haber producido un cambio de estas características en la legislación, ya que supone aplicar un cambio «con carácter retroactivo», lo que «perjudica a la seguridad jurídica».
Además, este verano se reunió con un grupo de afectados, que podrían acercarse a las 300.000 personas en toda España y que perderán entre 200 y 400 euros mensuales de la ayuda que recibían para pagar una parte de la cuota de su vivienda de protección oficial que tenían reconocida por anteriores planes de vivienda.
