Exigen al Gobierno que aclare cuántas ayudas para VPO se perderán

El portavoz del PSOE en el Senado, Marcelino Iglesias, ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado una ofensiva parlamentaria para exigir al Gobierno que aclare cuántas personas van a dejar de recibir ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios para viviendas de protección oficial (VPO) y que detalle la cuantía del recorte que ha ejecutado.

El PSOE quiere conocer el número de beneficiarios de las ayudas con fecha 13 de julio de 2012 desglosado por cada uno de los Planes de Vivienda, la cuantía abonada, el número de solicitudes en tramitación para la obtención de estas ayudas denegadas, las propuestas de renovación de estos préstamos rechazadas y la cantidad que ha recortado el Ejecutivo.

Asimismo, el Grupo Socialista ha avanzado que pedirá información al Gobierno sobre los préstamos hipotecarios en todas las comunidades autónomas y provincias de la geografía española, a excepción de Navarra y País Vasco.

Por otro lado, el PSOE ha recordado el recurso de inconstitucionalidad que presentó ante el Tribunal Constitucional por la redacción de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.

En este sentido, apunta que el Gobierno ha pasado “de lo ilegal a lo inconstitucional” y explica que el Ejecutivo del PP elaboró, en primer lugar, un Real Decreto que establecía la supresión de las ayudas de préstamos hipotecarios y, a continuación, introdujo una enmienda en la Ley de Fomento del Alquiler que establecía la imposibilidad de renovar las ayudas ya concedidas de subsidiación de préstamos para compra de VPO con carácter retroactivo.

Por último, desde el propio partido advierten de que, con esta maniobra “claramente inconstitucional”, el Gobierno va a suprimir en cinco años las ayudas a las VPO y ha añadido que se van a ver afectadas más de 200.000 personas.

El PSOE estudia recurrir la eliminación de préstamos subsidiados

El PSOE está estudiando si presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la decisión del Gobierno de eliminar los préstamos subsidiados a la compra o el alquiler que se habían incluido en planes de vivienda anteriores, utilizando para ello la Ley de Fomento del Alquiler.

Fuentes parlamentarias socialistas han avanzado a Europa Press que se está estudiando si finalmente se recurre esta decisión, introducida por el PP a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Fomento del Alquiler, para lo cual el texto de recurso deberá presentarse antes del jueves, cuando expira el plazo legal.

En la disposición adicional segunda de dicha normativa se determina que se mantendrán las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o a la rehabilitación que se vinieran percibiendo y las que hubieran sido reconocidas antes del 15 de julio de 2012 y que ya cuenten con la conformidad de Fomento al préstamo, “siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley”.

Sin embargo, se suprimen el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda, y también se prohíbe admitir nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.

Ya durante el último debate en el Congreso de la Ley de Fomento del Alquiler la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, argumentó que, “atendiendo a la jurisprudencia del TC” nunca se debería haber producido un cambio de estas características en la legislación, ya que supone aplicar un cambio “con carácter retroactivo”, lo que “perjudica a la seguridad jurídica”.

Además, este verano se reunió con un grupo de afectados, que podrían acercarse a las 300.000 personas en toda España y que perderán entre 200 y 400 euros mensuales de la ayuda que recibían para pagar una parte de la cuota de su vivienda de protección oficial que tenían reconocida por anteriores planes de vivienda.

José Ignacio Wert

El ministro de Educación ha justificado la nueva política de becas, por “la decidida voluntad del Gobierno de dar impulso a una mejora del rendimiento de los estudiantes universitarios”. José Ignacio Wert ha defendido que el real decreto que modifica las condiciones para acceder a una ayuda “no hace cosa distinta de lo que se ha venido haciendo hasta ahora”, es decir, “tener en cuenta el rendimiento académico para la adjudicación de ayudas“. Los requisitos académicos, ha dicho, “no son una novedad que incorpore este real decreto, sino que estaban anunciados en el real decreto 1000/2012 que establecía los umbrales académicos para el curso 2012-2013. Lo que se ha hecho ha sido suavizarlos en algunos aspectos”, ha afirmado.

El ministro ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la nueva política de becas, y ha anunciado que la dotación para becas generales en los presupuestos del año que viene será de 1.417,54 millones de euros. José Ignacio Wert ha recordado que “este importe supone un incremento superior al 20 por ciento respecto de los presupuestos de años anteriores. Es el mayor que nunca ha tenido lugar en nuestra historia presupuestaria, tanto en términos relativos como en términos absolutos”.

El PP y el alquiler

El PP ha registrado una proposición no de ley, para su debate en el Pleno del Congreso, en la que plantea al Gobierno la necesidad de impulsar las ayudas al alquiler de viviendas en detrimento de las que ayudan a la compra, y de introducir criterios que prioricen el acceso a estos fondos de las personas que más los necesitan.

Según la iniciativa, que recoge Europa Press, los planes de vivienda de las últimas legislaturas se han enfocado mayoritariamente en “facilitar el acceso a la vivienda en propiedad y, en menor medida, a la promoción de la vivienda de alquiler”, lo que contribuyó a seguir inflando la burbuja inmobiliaria.

Actualmente, las familias españolas sufren de un sobreendeudamiento por la compra de su vivienda, lo que está provocando un aumento de las ejecuciones y desahucios por impago de hipotecas, a la par que cae de forma significativa la compraventa y la construcción, ya que existe un importante stock de pisos que no encuentran salida.

Falta cultura del alquiler

“Hasta ahora el mercado inmobiliario español se caracteriza por una alta tasa de vivienda en propiedad y un débil mercado de alquiler. En nuestro país no está asumida la cultura del alquiler y esta circunstancia produce grandes distorsiones en el conjunto del sistema inmobiliario. Por ello, debemos apostar para que el alquiler sea una alternativa eficaz a la propiedad, de manera que se incremente la oferta de viviendas en alquiler dinamizando el mercado para así conseguir unos precios más competitivos”, defienden los populares.

Así, argumentan que optar por el alquiler es también una mejor opción para las “deterioradas economías familiares” en una coyuntura de falta de crédito. Por ello, el PP emplaza al Ejecutivo a que, en aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, desarrolle una política de vivienda que “sirva para afrontar las verdaderas necesidades de los ciudadanos en vivienda y para corregir las debilidades estructurales del sector”.

Para ello se debe comenzar por “impulsar las ayudas para acceder al alquiler de viviendas frente a las ayudas a la adquisición en propiedad” mediante programas “más flexibles que permitan superar las rigideces de los anteriores” de manera que se puedan poner en funcionamiento nuevos incentivos.

Además, los populares defienden también la necesidad de “introducir criterios de equidad en la asignación de las ayudas para que se beneficien las personas que más lo necesitan”, y apuntan a la posibilidad de que los criterios de acceso a las ayudas atiendan a la renta de la familia “y no de un único miembro”.

Más pisos en el mercado

También se debe trabajar por impulsar la salida al mercado del alquiler (o alquiler con opción a compra) de las viviendas que están en manos de las entidades financieras o de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado “banco malo”.

Por último, el PP subraya que hace falta “fomentar la rehabilitación y la regeneración urbana” con una flexibilización de la regulación, eliminando “cargas urbanísticas injustificadas” y permitiendo incentivos para hacer estas operaciones más interesantes, de manera que se potencie el uso de mecanismos de financiación mixta público-privada. Así se podrá incrementar la oferta de inmuebles en alquiler y, por ende, bajarán los precios de los arrendamientos.

Nuevo recorte a las subvenciones de los sindicatos

Los sindicatos recibirán 8,8 millones de euros en subvenciones en 2013 después de que el Gobierno haya hecho efectivo el recorte del 20% previsto en esta partida presupuestaria, el segundo “tijeretazo” de esta envergadura aplicado por el Gobierno en dos años con el objetivo de reducir el gasto público y equilibrar las cuentas del Estado.

Así aparece en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la que se abre el plazo de un mes para que las centrales concurran a esta convocatoria de subvenciones. Estas subvenciones no incluyen los 2,7 millones presupuestados para sufragar la participación de los sindicatos en los órganos consultivos y consejos.

De esta forma, la partida que reciben las centrales sindicales para fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, se ha visto reducida en casi un 44% desde 2011 con el objetivo de reducir el déficit público.

El primer recorte se produjo en 2012, cuando el importe de estas subvenciones se redujo de los 15,7 millones de euros a los 11,1 millones de euros, y un año después esta partida se ha reducido a 8,8 millones de euros.

Las ayudas se distribuirán entre las organizaciones sindicales que los soliciten y que cumplan los requisitos exigidos en plazo, proporcionalmente al número de representantes que hayan obtenido en las elecciones sindicales de acuerdo con los resultados vigentes a 1 de enero de 2013. El resultado de este reparto se conocerá en un plazo de seis meses. Cada año los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT se llevan prácticamente la totalidad de estas ayudas.