Valeriano Gómez, M. de Trabajo

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que el Gobierno mantiene «su disposición» a aprobar el plan para aflorar empleo sumergido en el Consejo de Ministros de este viernes a través de un real decreto ley, tras subrayar que estas medidas no se incluyeron en la «agenda del diálogo social» y que se deben tomar «pronto» para aprovechar la coyuntura económica.

«A la vista de las propuestas y las objeciones del plan (por los agentes sociales), el Gobierno tomará sus decisiones en un decreto ley que aprobará este viernes», ha expresado el ministro a los periodistas tras presidir la toma de posesión del nuevo director general de la OIT, Joaquín Nieto.

Gómez también ha recordado que el Ejecutivo decidió abrir un periodo de consultas con los sindicatos y empresarios, pero no un periodo de negociación «habitual» con tiempo para el intercambio de posiciones. «La decisión de someter el plan a un proceso de consultas fue tripartita», justificó.

Además, el ministro ha descartado varias veces que el plan esté acompañado de una amnistía por emerger el empleo en negro, sino que se trata de dar «unos dos o tres meses» para que las empresas opten por el afloramiento una vez se apruebe el decreto ley. «Lo que interesa es que cuantos más empleos emerjan, mejor», agregó.

Amnistía para las empresas

Aunque en un principio el Ministro de Trabajo había negado el pasado 25 de marzo que «el plan no incluyera amnistía para las empresas, sino solo facilidades», lo cierto es que ante las dificultades para crear empleo, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar igualmente el viernes próximo una amnistía laboral de dos meses que abre la puerta a perdonar deudas de hasta 187.515 euros a las empresas que hayan operado en «B» en el mercado laboral y estén dispuestas a regularizar su situación.

Paralelamente a la exención de la sanciones, el Gobierno dará todo tipo de facilidades para que las sociedades afloren las cotizaciones sociales impagadas de sus trabajadores y se pongan al corriente de pago.

A las empresas que voluntariamente se acojan al periodo de la amnistía, el Ejecutivo sólo les requerirá abonar las cuotas pendientes de medio año, desde el 1 de enero; el resto quedará automáticamente perdonado. A partir de ese momento, la empresa deberá formalizar un contrato de trabajo con su empleado, de cualquier modalidad, indefinida o temporal, aunque en este último caso no podrá tener una duración inferior a seis meses.

La norma especifica claramente que en el nuevo contrato de trabajo se deberá detallar que el mismo se acoge al proceso de regulación, la fecha de celebración y la fecha de inicio de la prestación de servicios por el trabajador. En ningún caso los contratos realizados podrán beneficiase de las bonificaciones en vigor, de reducciones de cotizaciones o de cualquier otro tipo de ayuda pública vinculada a la contratación.

El borrador de real de decreto ley de «medidas para el afloramiento y control de empleo sumergido» que está siendo negociado con empresarios y sindicatos tiene una doble faz. En una primera fase, hasta el 30 de junio, de premio, si se aflora de forma voluntaria. Pero el premio se convertirá en castigo si a partir de esa fecha el empresario o trabajador no se acoge a la regularización y es «pillado» por la Inspección de Trabajo.

Para este caso, la norma que aprobará el viernes el Ejecutivo modifica la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y prevé multas hasta cinco veces superiores a las actuales para las infracciones consideradas como graves, todas las relacionadas con el trabajo no declarado, por ejemplo, el impago de cotizaciones a la Seguridad Social. La sanción mínima pasará de 626 euros a 3.126 euros y la máxima de 6.250 euros a 10.000 euros.

Sin contratos públicos
Para los empresarios que hayan cometido sanciones muy graves se mantiene la cuantía de la multas, pero se amplía de uno a dos los años en los que serán excluidos de ayudas, bonificaciones y demás beneficios incluidos en los programas de empleo. Además, las sociedades que hayan incurrido en una infracción grave, la norma les prohibirá expresamente contratar con las administraciones públicas.

No se eximirá de castigo a la empresa que subcontrate y no haya comprobado el cumplimiento de las obligaciones de alta en la Seguridad Social de los trabajadores. Para este supuesto, la norma especifica que responderá solidariamente de las infracciones cometidas por el contratista o subcontratista.

«Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, que los trabajadores hayan sido dados de alta, exigiendo a los mismos la acreditación del cumplimiento de dicha obligación».

Este segundo borrador de Trabajo tampoco ha satisfecho a los sindicatos y a la patronal. Los primeros piden que se incluyan medidas contra el fraude fiscal y que, por ejemplo, se haga un contrato fijo al trabajador que regularice su situación. Los empresarios, por su parte, se han quejado del fuerte incremento de las multas. Por lo tanto, no sería extraño que el Gobierno apruebe este plan mediante otro «decretazo», sin el acuerdo de los agentes sociales, como ya sucedió el año pasado con la reforma laboral.

Aunque, lógicamente, no existen datos oficiales sobre la economía sumergida, distintos expertos y hasta el anterior ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, han calculado que en nuestro país supone en estos momentos más del 20% del PIB.

82.500 millones de euros al año 

 

Los técnicos de Hacienda calculan que el empleo sumergido mueve unos 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB anual, y aseguran que la implantación de las medidas adecuadas permitirían recaudar cada año más de 13.000 millones adicionales procedentes de la Seguridad Social.

Ante la inminencia de la aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido, el colectivo recalca que los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros), Madrid (12.351 millones), Andalucía (11.549 millones), Comunidad Valenciana (8.347 millones), Galicia (4.702 millones) y Castilla y León (4.612 millones).

Por otro lado, Gestha señala que otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en España es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones realizadas en 2010 registraron casi 100.000 infracciones en acta. 

En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 millones de euros anuales y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional.

Un plan más ambicioso

Ante esta situación, los técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan «más ambicioso y de amplio» calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, «máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador».

Así, recuerdan que la economía sumergida alcanza actualmente el 23,3% del PIB en España, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que 161.647 millones de euros, el 65,9%, proceden del fraude fiscal, por lo que insta a que el plan del Gobierno «no deje a un lado» otro tipo de actuaciones.

Concretamente, desde Gestha se recalca la importancia de que el nuevo plan recoja medidas específicas para hacer frente a las principales bolsas de economía sumergida, como es el fraude en el autoempleo de autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y oficios auxiliares, la hostelería y servicios turísticos o el transporte.

Asimismo, los técnicos subrayan que el plan no debe limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo sumergido para posteriormente endurecer las sanciones, como está previsto, sino que «debe introducir estímulos adicionales lo suficientemente alentadores como para persuadir a los empresarios de regularizar los empleos ocultos».

De este modo, aboga por que los trabajadores regularizados obtengan todos los derechos pasados y futuros que les correspondan en función de todo el periodo trabajado, y no sólo desde enero de 2011, promoviendo así que sean los propios trabajadores irregulares quienes animen a que se lleve a cabo la normalización de su actividad.

En este sentido, Gestha reclama también la inclusión de medidas que prevean la repercusión tributaria de la regularización voluntaria, tanto para empresas como para trabajadores (retenciones de IRPF no practicadas o declaraciones de renta fuera de plazo), ya que de lo contrario el miedo a las sanciones, recargos e intereses limitaría de forma muy significativa el alcance del plan.