El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado algunas medidas que pondrá en marcha el Gobierno para minimizar el impacto social de los desahucios. Familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos y sólo para primera vivienda o vivienda habitual serán las candidatas, a grandes rasgos, para acogerse a la «dación en pago»para saldar su deuda hipotecaria con el banco.
Es la principal propuesta que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha puesto el miércoles 22 de febrero sobre la mesa en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una interpelación urgente de Izquierda Plural acerca de la «dación en pago» y los abusos de la banca. «La vivienda es, sin duda, el único activo que tienen estas familias y exigirles más es a todas luces excesivo», ha dicho elministro.
De hecho, el propio De Guindos ya había dicho que el Gobierno estaba hablando con la banca para amortiguar el coste social de los desahucios porque a «nadie le interesa» que se produzcan. «Perder la casa es mucho peor que perder el empleo», llegó a decir.
El Plan de Guindos para frenar los desahucios y evitar que una vez que la familia ha perdido su vivienda siga debiendo dinero al banco, contempla reformas legales que permitan definir y determinar, el umbral de exclusión que permita determinar qué tipo de familias se encuentran ante esta situación y son, por tanto, «merecedoras de protección».
El decálogo del ministro de Economía también contempla una mejora en los procedimientos de ejecución hipotecaria de tal manera que el precio al que finalmente la entidad se adjudica la vivienda «sea lo más alto posible», algo que no está sucediendo ahora y está siendo insuficiente para cubrir las deudas que las familias mantienen con la entidad. En este sentido ha anunciado que se impulsarán, junto al ministerio de Justicia, las ejecuciones extrajudiciales, notariales.
El ministro anunció su intención de crear una comisión de expertos para buscar soluciones a estos problemas, con presencia de la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la patronal la de las cooperativas de crédito (Unacc).
De Guindos ha anunciado la elaboración de un Código de Buenas Prácticas destinado al sector financiero que permita, entre otros aspectos, dejar a esas familias más desfavorecidas permanecer en sus viviendas durante un «tiempo prudencial de al menos dos años» antes de que se produzca el desalojo a cambio del pago de una renta justa a la entidad financiera. «Esta medida podría ser también prorrogable», ha dicho De Guindos.
Dentro de este Código, el Gobierno estudia atenuar los intereses moratorios, que ha calificado de «abusivos» y que actualmente aplican las entidades financieras a las familias que se retrasan en el pago de sus hipotecas. El ministro ha asegurado que existe «margen legal» para su modificación, aunque según ha dicho, sólo afectaría a las familias más desfavorecidas.
La banca ya ha dicho que estaría dispuesta a aceptar una medida de este tipo siempre que la entidad la pueda asumir de forma voluntaria, tal y como ha dicho este mismo martes el presidente de la AEB, Miguel Martín.