Gracias al impuesto de transmisiones patrimoniales, cada comunidad autónoma se queda con el 7% del importe de la compraventa de un inmueble. Cada administración regional utiliza sus propios métodos para evitar que los propietarios declaren que la operación se ha cerrado por una cantidad inferior a la real. El problema es que este mecanismo antifraude funcionaba en la época del boom, cuando los precios no dejaban de crecer y las ventas se cerraban por cantidades cada vez más altas. Pero ahora las regiones no se están dando la prisa necesaria para adecuar sus cálculos a la nueva -y deprimida- realidad del ladrillo.
La falta de diligencia de la administración regional le puede costar al propietario de un inmueble mucho más dinero de lo que le correspondería según el valor real-actual del piso. Y eso suponiendo que la operación no se firme al final a un precio inferior, lo más habitual en estos tiempos en los que el comprador es el que dispone de más poder para negociar. Cuando la administración regional detecte que el contribuyente ha ingresado una cantidad inferior a la que esperaba hará una liquidación complementaria exigiendo la diferencia.