Un 97% de los directivos del sector inmobiliario en España considera necesarias sinergias entre inversores, entidades financieras y sponsors (socios industriales) para la potencial recuperación del sector. Ésta es una de las conclusiones del estudio de KPMG “2015: Año cero para el inicio de la recuperación del sector inmobiliario en España”, elaborado a partir de las opiniones de más de 200 directivos del sector de Real Estate en España.
Ocho de cada diez directivos opina que la recuperación del sector en términos de demanda y de normalización de la financiación se producirá antes de finalizar 2016. Sin embargo, más de la mitad considera que la absorción de la oferta tardará más de dos años. La mayoría de los encuestados considera que el modelo de negocio en el sector debe transformarse, para alcanzar un modelo sostenible basado en la creación de valor alineando capital, financiación y gestión.
“2015 ofrece la oportunidad de construir los cimientos sólidos de un nuevo modelo en el sector inmobiliario que garantice su desarrollo paulatino en los próximos años”, señala Javier López Torres, socio responsable de Real Estate de KPMG en España.
En este entorno de recuperación, el 83% de los directivos señala que existen oportunidades para los fondos y los sponsors (socios industriales) de crear alianzas (joint ventures) para invertir conjuntamente en la compra de suelo y, posteriormente, financiar la promoción a través de entidades financieras que permitan el desarrollo de productos que atiendan una demanda real.
El 94% de los directivos del sector consultados coincide en que España es en la actualidad un destino de interés para los inversores, y siete de cada diez apuntan que el inversor de valor añadido ganará más protagonismo en el mercado inmobiliario español, frente a los inversores oportunistas.
Según los encuestados, el volumen de las transacciones y el valor (capital value) de los inmuebles se incrementarán en los próximos cinco años, especialmente en viviendas terminadas para primera residencia bien localizada, oficinas en zonas ‘prime’ y locales en las principales calles. Consideran que los actores más activos en este horizonte temporal serán, por este orden, los fondos internacionales, las socimis, Sareb y las entidades financieras.
“Las socimis serán un vehículo interesante de inversión en Bolsa para minoristas, y los requerimientos de inversión que les afectan así como las sociedades que se creen en el futuro podrán presionar al alza el precio de los inmuebles”, añade Javier López Torres.
Respecto al empleo, las previsiones apuntan a que los trabajadores del sector inmobiliario llegarán a representar en torno al 10% de la población activa en los próximos cinco años, lejos todavía de la cifra del 14% alcanzada en 2008.
En términos de financiación, los directivos del sector no se plantean una vuelta al modelo anterior a la crisis (altamente apalancado) y consideran necesario el capital tanto de la banca como de los fondos y de la financiación por entidades no bancarias (direct lending) para la reactivación del sector.
Según Javier López Torres, “debería darse mayor nivel de profesionalización en el sector a través de la especialización por tipos de producto y localización, que permita dar valor añadido a los activos para atender la demanda real”.
Respecto a los hábitos en la compra de inmuebles, los encuestados se debaten entre aquellos que opinan que los jóvenes seguirán prefiriendo esta modalidad (con una ligera mayoría en el 51% de los casos) y los que vislumbran un cambio de tendencia (46%).
Existe margen de mejora significativo para la optimización en el uso del patrimonio inmobiliario público y los encuestados se muestran convencidos de que las Administraciones Públicas deberían adaptar sus procesos para llevar a cabo una desinversión exitosa de sus activos patrimoniales. Avanzar hacia un modelo basado en el alquiler o hacia un modelo mixto en la utilización de los inmuebles de propiedad pública es preferible para los encuestados, pues son los que mayor retorno social generan.
En cuanto al entorno regulatorio, los encuestados consideran que la presión fiscal que soporta el sector inmobiliario español es superior a la de otros países del entorno. Eso sí, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno es considerada positiva en cuanto al impacto que tendrá la reforma del Impuesto sobre Sociedades; no así la del resto de tributos. También despierta buenas impresiones la reforma de la Ley Concursal que, según el 62% de los encuestados, hasta ahora no había sido un mecanismo útil para ayudar a la continuidad de las sociedades con actividad inmobiliaria viable, algo que con la nueva reforma se enmienda.