La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido que la intención del Gobierno de incrementar en 15.000 millones de euros los impuestos, con medidas como el aumento de Impuestos Especiales y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), «podría suponer un incremento del fraude fiscal».
Los inspectores de hacienda han observado desde hace meses un incremento de la defraudación del IVA (y también del Impuesto de Sociedades) a través de facturas falsas, en muchas ocasiones, originadas por la utilización abusiva del régimen de módulos, «lo que denota que el IVA es uno de los impuestos cuya recaudación es más sensible a la defraudación«.
En el último año se ha tomado la decisión de no implantar con carácter obligatorio el envío de los libros registro de IVA por Internet, «lo que hubiese supuesto una gran herramienta en la lucha contra el fraude». Sin embargo, se ha implantado el régimen de devolución mensual, que impone unas obligaciones adicionales de control a la Agencia Tributaria para conseguir que no se paguen indebidamente fondos públicos. Esta presión en el ámbito de las devoluciones es cada vez mayor, debido a la ausencia de liquidez de empresas y familias. Por razones de mecánica del impuesto, «un incremento del tipo supone un mayor importe de las devoluciones».
Estas razones llevan a los inspectores de Hacienda a creer que un incremento de los tipos del IVA «complicará las labores de la Administración Tributaria«. Si no se toman medidas adicionales y no se dota con mayores medios materiales y humanos a la Agencia Tributaria, no es probable que el aumento del IVA se vaya a traducir en mayor recaudación, sino en más fraude y en una mayor competencia desleal a las empresas honradas, por parte de los defraudadores.
Dudoso incremento en la recaudación
Por otra parte, para la IHE una subida de impuestos sólo puede estar justificada si se consigue incrementar los ingresos públicos, con el mínimo de distorsiones en el mercado. Sin embargo, los inspectores de Hacienda señalan que «en las actuales circunstancias, no está claro que esto vaya a ser así, de no tomarse otras medidas adicionales».
También explican que el IVA es un impuesto que recae sobre el consumo. Sin embargo, por su mecánica, con este impuesto se exige a las empresas que vendan sus productos y servicios y se lo repercutan a los consumidores. Esto implica que una condición básica es que las empresas puedan repercutir este incremento en el consumidor final.
Pero, si ante la ausencia de demanda, las empresas no pueden repercutir este incremento en los consumidores, el impuesto -de ingresarse- supondrá un recorte del margen de la empresa, con independencia de que tenga beneficios o pérdidas.
Según la IHE, muchas empresas se han visto obligadas a reducir los precios y márgenes, en sectores como el de la alimentación. En este contexto, un incremento del IVA puede suponer un coste mayor para las compañías, más que un aumento del precio a pagar por el consumidor final. «En estas condiciones las posibilidades de que el IVA no se llegue a ingresar efectivamente en la Hacienda Pública por defraudación o quiebra de la empresa, aumentan de forma importante».
«A las pruebas me remito»
Para explicar sus dudas destacan la última subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (del 15 al 16%) que tuvo lugar en plena crisis de 1993 (entrada en vigor 1-1-1995). Según los inspectores de Hacienda, esta medida no se tradujo en un incremento de la recaudación, sino en un «incremento exponencial» del fraude fiscal, que llevó a una menor recaudación.
«Aunque es cierto, como indican algunos expertos, que la Administración Tributaria funciona con más eficacia que en 1993, desafortunadamente también los defraudadores han sofisticado sus métodos y procedimientos desde entonces, con lo que el riesgo de fraude no ha disminuido», remarca la IHE.