En el marco de la situación económica actual, se ha hecho evidente un aumento del número de solicitudes de viviendas sociales y situaciones de emergencia. Ello ha llevado al Síndic a plantear al Defensor del Pueblo, institución con competencias sobre el ámbito de gestión de la Guardia Civil, la apertura de una actuación de oficio para analizar si las viviendas de los cuarteles abandonados se pueden destinar a vivienda social.
Ante esta situación, le ha pedido a Enrique Múgica que abra una actuación de oficio para analizar si las viviendas de los cuarteles abandonados se podrían destinar a vivienda social.
Adigsa, la empresa que administra el patrimonio inmobiliario del Institut Català del Sòl, organismo autónomo de la Generalitat de Catalunya, y la Dirección General de la Guardia Civil ya han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de ceder los cuarteles y reutilizarlos como viviendas sociales para atender aquellas situaciones de riesgo de exclusión social derivada de la falta de vivienda.
