El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, ha defendido la semana pasada ante la Comisión de Economía del Congreso que la ley hipotecaria española está «a la altura de los mejores mercados europeos», por lo que las soluciones ante el problema de los desahucios deben ser coyunturales, al margen de que haya medidas necesarias sobre aspectos como tasación, transparencia o intereses de demora.
En una línea muy similar a la de la patronal bancaria, González ha destacado que el sistema hipotecario ha permitido que «millones de familias hayan podido a acceder a una vivienda», por mucho que haya habido «excesos» tanto por parte de las entidades como de los ciudadanos.
Sin embargo, en la actual coyuntura económica, se ha acabado llegando a una situación «casi plebiscitaria en relación a la hipoteca como causante directa de gran parte de los problemas ciudadanos». «No se ha producido un debate sosegado. Hemos imputado directamente las consecuencias de la crisis a las hipotecas. Hay que ajustar las responsabilidades y no culpar a la hipoteca de todos los males de la familia. Éste es un problema de crisis económica», ha insistido.
De hecho, ha recordado que apenas un 3% de los hipotecados no cumplen con sus obligaciones de pago, por lo que «los cambios que se propongan no pueden llevar a los ciudadanos que pagan a pensar que no merece la pena pagar porque se les hace llegar la idea de que el mercado es abusivo». «Estamos bastante mejor de lo que creemos, sin pretender poner un velo sobre los excesos cometidos o sobre los problemas que existen», ha apostillado.
En este sentido, ha subrayado que hay medidas social con «trascendencia financiera respecto a terceros» por lo que antes de decidir nada «hay que ver la relación coste-beneficio» y ponderar los efectos «adecuadamente». «No decimos que nos opongamos o no, pero hay medidas estructurales del mercado hipotecario sobre las que es conveniente y necesario hacer un mejor análisis, desde más perspectivas y no sólo teniendo en cuenta la dificultad social de los ciudadanos, que es importante y hay que tenerlo en cuenta pero no es lo único», ha defendido.
A renglón seguido, ha recordado que adoptar medidas estructurales «no es la mejor manera de solucionar un problema de morosidad que afecta al 3%’ de los hipotecados y que, a su juicio, se deriva más del paro que del sistema financiero». «Por eso pedimos un análisis sosegado de este tipo de medidas, porque socialmente nos podemos dar lecciones de moralidad, pero no se trata de ver quién está más preocupado», ha apostillado.
Por ello, Santos González ha pedido a la Comisión que se «diferencie» entre la «necesaria atención» que hay que dedicar a las «familias más vulnerables» ante la crisis, con «medidas a corto plazo, contingentadas, no para todos y no todo el tiempo»; y otros cambios «más estructurales para resolver alguna imperfección seria que pueda tener el mercado hipotecario» en el que, «lógicamente, no todo está estupendamente».
En este sentido, la AHE valora el decreto de noviembre (del cual se deriva el proyecto de ley Antidesahucios actualmente en tramitación parlamentaria) porque «pone en marcha algunas medidas sociales» para colectivos «bien definidos» y que sirven de «paliativos para los efectos más duros de la crisis».
Además, se ha ofrecido a colaborar en otras modificaciones sobre aspectos como lo relativo a transparencia, capacidad crediticia, independencia de las tasaciones o intereses de demora, sobre los que se está armando demasiado jaleo aunque es relativamente fácil de arreglar y que a su entender «deben existir y estar por encima del nivel de remuneración ordinario».
En el aspecto concreto de la tasación, González ha puntualizado que el Banco de España ya controla estos procesos y que, antes de articular medidas para incrementar la independencia de las tasadoras, habría que tener claro «si las entidades financieras que forman parte de un grupo han tasado mejor o peor que el resto y cuál ha sido el resultado» para evitar los «muchos mantras» que existen sobre este asunto.
Sin embargo, la patronal hipotecaria discrepa de las propuestas de cambio estructurales que se están poniendo sobre la mesa en relación con la Ley Hipotecaria, aunque se reserva una valoración más concreta para cuando cuente con un texto concreto que incluya los cambios anunciados por el ministro de Economía, Luis de Guindos.
En este sentido, González reconoce que «habrá medidas con buena acogida en el sector» pero habrá otras que «no serán tan bien recibidas porque podrían atentar contra la solvencia y la estabilidad del mercado y pueden poner en dificultades a la refinanciación o encarecer el crédito».
Como ejemplo, ha mencionado la dación en pago, asegurando que «se ha utilizado en multiplicidad de situaciones» de forma voluntaria, tanto con particulares como con promotores e inmobiliarias. «Pero cuando hablamos de dación obligatoria y retroactiva hay que ver hasta qué punto debilitaría el mercado y favorecería a una parte perjudicando al todo. Hay que preguntar a quienes pagan qué piensan, ver qué efecto llamada podría tener y qué consecuencias tendría sobre la financiación», ha señalado.
Tras escuchar las críticas de todos los portavoces parlamentarios, incluido el «popular», a una visión excesivamente idealizada del sistema hipotecario, Santos González ha replicado que «nos acordamos siempre de Santa Bárbara cuando truena» pero que ni PP ni PSOE han abordado a lo largo de las décadas una verdadera estrategia sobre vivienda. «Lo que ahora nos preocupa es solucionar los créditos, pero tendremos que definir qué queremos que sea la vivienda en relación con la Constitución», ha añadido.
Además, ha coincidido en que hay que empezar a analizar la introducción en el ordenamiento jurídico español de una Ley de Segunda Oportunidad que «ordene los procedimientos de liquidación del patrimonio familiar» pero «con sosiego» y no a través de las enmiendas a un proyecto de ley que nada tiene que ver.
En este sentido, habría que tener en cuenta que «el sobreendeudamiento no se debe únicamente a la hipoteca, aunque sea un elemento que tiene importancia’» y que la legislación debería estar precedida de un consenso sobre aspectos como, por ejemplo, la forma para detectar el sobreendeudamiento.
«La segunda oportunidad se consigue después de años de ejercicio de responsabilidad en el pago, y para eso habría que estudiar comparativamente los sistemas internacionales. Es algo que no se regla, la gana el ciudadano. No se trata de tener dación en pago y, al día siguiente, comprar otra vivienda, sino que es un proceso de control de ingresos y gastos y de disciplina familiar similar a la de las empresas», ha concluido.
