El Banco de España está estudiando elevar las provisiones que la banca debe realizar para cubrir el riesgo de depreciación de los inmuebles que el sector está adquiriendo como consecuencia de los impagos de empresas y particulares.
El regulador mantiene desde hace semanas conversaciones con bancos y cajas para incrementar la dotación mínima por los activos inmobiliarios que lleven en balance más de un año.
La institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez quiere incrementar la provisión exigida desde el 20% hasta el 30% del valor de tasación del inmueble, según fuentes consultadas por Europa Press. Sería el segundo endurecimiento de la norma en menos de seis meses. El Banco de España ya acordó después del verano elevar la provisión por la cartera de inmuebles desde el 10% hasta el 20% de su valor de tasación una vez transcurrido un año desde su adquisición.
Los principales bancos y cajas de ahorros han anunciado en las últimas semanas que el pasado año destinaron unos 3.000 millones de euros al colchón de provisiones que cubre la depreciación de su cartera de inmuebles. En términos generales, la cobertura de estos activos oscila entre el 20% y el 30%, según han indicado las entidades.
«Stock» de inmuebles
Según las cifras declaradas por las firmas, sólo los principales bancos y cajas de ahorros cerraron 2009 con un stock de inmuebles de aproximadamente 15.000 millones de euros. Ante las dificultades para hacer frente a sus pagos, especialmente de las empresas inmobiliarias, que adeudan 325.000 millones de euros, la banca ha recurrido a los canjes de deuda por activos para recuperar las deudas. A estas compras hay que sumarles, además, todos los inmuebles adjudicados.
En opinión de los expertos, la banca española tendrá que enfrentarse en los próximos meses a una nueva embestida de la crisis inmobiliaria. Entre 2008 y 2009, las entidades absorbieron los inmuebles de las promotoras insolventes a través de los procesos de dación en pago, en una dinámica que ya las ha convertido en las primeras gestoras de activos del mercado. A partir de ahora, se verán obligadas a lidiar con los embargos de viviendas, vía ejecución hipotecaria, a los particulares en mora.
Se calcula que la banca tendrá que absorber un aluvión de entre 100.000 y 150.000 viviendas inmersas en expedientes de ejecución hipotecaria. Estos expedientes tienen su origen en las demandas por impago que entraron en tromba en los tribunales a partir del estallido de la crisis, fundamentalmente desde mediados de 2008.
Estos casos siguen un determinado trámite procesal en los juzgados, que se prolonga entre unos meses y algo más de un año. Durante los últimos 18 meses, la abultada carga de trabajo de los juzgados hipotecarios ralentizó la tramitación procesal de estos casos, aplazando la ejecución de las viviendas impagadas.
Doble objetivo
La medida planteada por el regulador tendría un doble objetivo. Por una parte, pertrechar a las entidades para que afronten posibles pérdidas por venta de pisos y solares, por ejemplo, en caso de que el precio de salida sea inferior al de tasación. Por otra parte, al elevar estas provisiones se incentiva a las entidades financieras a que se desprendan cuanto antes de la importante cartera inmobiliaria que han construido durante la crisis.
