El Gobierno cree que el «celo» que están mostrando las entidades financieras a la hora de conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas está justificado, recordando que su función es «la concesión de financiación a la demanda solvente» para no poner en riesgo su propia estabilidad.
Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien en una pregunta parlamentaria criticaba que los bancos se «preocupen más de la posible morosidad de los beneficiarios que de la concesión de créditos» e instaba al Ejecutivo a tomar medidas para que la liquidez llegue a pymes y microempresas, proponiendo por ejemplo un fondo estatal de microcréditos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con la ayuda de las entidades nacionalizadas.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que las entidades financieras deben conceder crédito a proyectos solventes, más si cabe en el caso de los bancos nacionalizados, que tienen que ajustar sus decisiones a los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea (CE).
«Un celo insuficiente respecto de la solvencia de sus clientes podría aumentar las ratios individuales de morosidad, comprometiendo de nuevo su grado de capitalización y, en última instancia, su valor de mercado y los recursos que pueda recuperar el contribuyente ante una eventual venta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)», añade el Gobierno.
El Gobierno también defiende las altas garantías patrimoniales que exigen los bancos para acceder a las líneas ICO, recordando que el instituto está sujeto a una normativa de equilibrio financiero y que «cualquier quebranto» que se produjera en sus cuentas por sufrir un «elevado número de préstamos impagados debería ser compensado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado», lo que implicaría «distribuir el coste de una mala gestión financiera entre todos los contribuyentes».
«Cabe destacar que se han modificado los términos de colaboración entre las entidades de crédito y el ICO para aumentar los incentivos de las primeras a intermediar y consumir las líneas de mediación», añade la respuesta parlamentaria.
Asimismo, no ve «oportuno» crear un fondo como el que propone Llamazares dado que «no existe ningún importe mínimo para las operaciones» que pueden financiar las líneas de mediación del instituto, por lo que «los microcréditos a autónomos y emprendedores pueden ser actualmente tramitados».
En otra respuesta parlamentaria, dirigida en este caso al diputado de CHA, Chesús Yuste, el Gobierno argumenta por qué no se potencia la actividad del ICO obteniendo dinero barato del Banco Central Europeo (BCE) para prestarlo a las administraciones públicas y a las empresas con el objetivo de conseguir que fluya el crédito.
En el texto, que recoge Europa Press, el Gobierno recuerda que la gestión del ICO debe ser «sólida» e «integral» en todo lo que se refiere a los riesgos que asume, lo que es particularmente importante en relación con las refinanciaciones de créditos, con las que se debe «asegurar en todo momento un adecuado equilibrio entre los plazos de la actividad de préstamo y los de la financiación».
Sin embargo, los préstamos del BCE son a corto plazo, de unos tres meses como máximo, por lo que la financiación sistemática de las operaciones del ICO (de medio y largo plazo) por esta vía provocaría «un notable riesgo» para su balance, lo que podría incluso «afectar a la capacidad del instituto para poder seguir ofreciendo de forma recurrente financiación al tejido productivo en condiciones preferentes».
No obstante, el Gobierno recuerda que en diciembre de 2011 y febrero de 2012 el ICO accedió «de forma puntual» a una operación excepcional de crédito del BCE con plazos de tres años, atendiendo tanto al coste de la financiación como a que «no implicaba riesgo de refinanciación ya que un plazo de tres años casa adecuadamente con el vencimiento medio de las operaciones de préstamo» del instituto.
