El Gobierno ha suavizado las exigencias para aplicar despidos colectivos entre el personal laboral de la Administración (excluidos los funcionarios) al rebajar la caída de la aportación presupuestaria del 10% al 5%.
Según publica este martes el BOE, se podrán hacer efectivos cuando «las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores».
La norma que regula los despidos colectivos concreta que «se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria».
En el borrador del Real decreto se fijó ese descenso en el 10%
La medida afectará a más de un un millón de trabajadores, entre los 700.000 contratados por la Administración y los 328.000 empleados en empresas públicas y consorcios del país. Esto es, el personal laboral, colectivo que, junto a los funcionarios, integran el llamado empleado público.
