Ha recibido la máxima sanción por una infracción considerada «muy grave» al incumplir la obligación de dar el inventario de las viviendas protegidas que tiene en balance.La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -el banco malo- por «obstruir» las medidas de la administración para garantizar la función social de las viviendas protegidas.
El banco malo ha recibido la máxima sanción por una infracción considerada «muy grave» al incumplir la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración el inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances, según ha informado hoy la Consejería de Fomento.
El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley autonómica de Función Social de la Vivienda, como el que permite la expropiación temporal del uso de viviendas para evitar desahucios, que están suspendidos cautelarmente. No obstante, según la Junta, siguen vigentes los artículos que permiten «sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas», lo que ha posibilitado multar a la Sareb.
La Consejería de Fomento asegura que la Sareb señaló primero que disponía de 911 viviendas de protección oficial (VPO) en Andalucía, un dato que se incluyó en el recurso del Gobierno contra la ley autonómica, aunque después, en las alegaciones a raíz del expediente abierto por la Junta, reduce ese número a 98.
La Sareb dice en sus alegaciones que la diferencia se debe a que las cifras iniciales eran datos «meramente estimativos«. En el comunicado, la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), califica como de «extrema gravedad» que el Gobierno fundamentara su recurso a la «ley antidesahucios» en datos «totalmente falsos».
«El Gobierno recurrió la ley, que actualmente está parcialmente suspendida de forma cautelar a la espera de sentencia, argumentando que dañaba los intereses de la Sareb en función de un número de viviendas diez veces superior al real. Es decir, el Gobierno engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la Ley», ha añadido la consejera.
La Consejería mantiene abierto otro expediente sancionador contra la Sareb por esas 98 viviendas protegidas, por el que se enfrenta a una multa de 11,7 millones de euros en el caso de que no hayan sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes
