La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), frente a las medidas intervencionistas impulsadas por el Gobierno, ha propuesto al Estado que, a través de las distintas Administraciones Públicas, se convierta en arrendatario de viviendas. De esta manera, luego podría subarrendarlas a precios inferiores a las familias más necesitadas.
El director general de ANA, José Ramón Zurdo, cree que es una medida «perfectamente factible» dentro de la función solidaria que le corresponde cumplir al Estado. «La Administración se convierte en arrendatario de un determinado número de viviendas para cubrir. Sobre todo, el abastecimiento de viviendas en alquiler a precios asequibles para las personas que tengan problemas para acceder a las viviendas a los precios actuales«, según explica Zurdo.
Zurdo ha dejado claro que se podría asumir, como algo provisional a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Se trataría como una partida especial para costear el desfase de rentas que se pudieran producir entre las acordadas con los arrendadores y las que pagarán al final los subarrendatarios.
El director general de ANA ha detallado que «de esta forma ganarían todos». «A los arrendadores les interesaría la enorme seguridad jurídica que les ofrecería que el Estado fuera su arrendatario. Éste sería el principal responsable del cumplimiento de los contratos. Un hecho que permitiría bajar considerablemente las rentas a los propietarios a cambio de esa mayor seguridad», ha apuntado.
Según ANA, se crearía un escenario totalmente nuevo. Esa mayor seguridad jurídica de cumplimento para los arrendadores, que garantiza la presencia del Estado, haría que aflorasen muchas viviendas vacías que existen actualmente. «Lo que probablemente haría aumentar la oferta de viviendas mitigando el desequilibrio existente en relación con la alta demanda actual», destacan.
Para la Agencia Negociadora del Alquiler, el Estado lo que no puede pretender es trasladar al sector privado, a través de políticas intervencionistas, los desajustes producidos por carecer de una política social de viviendas.
Zurdo cree que los poderes públicos no han sido capaces de planificar una política social de vivienda, que garantice que los sectores sociales más vulnerables de la sociedad puedan acceder a la vivienda.
Desde su punto de vista, se está «parcheando la situación» con el fin de que sea el sector privado el que tenga que asumir por decreto el riesgo de este desajuste. «A través de un intervencionismo exagerado en el mercado del alquiler, que puede llegar como se anuncia a una limitación de los precios«, concluye.
La Agencia Negociadora del Alquiler ha apuntado que con esta medida que propone se evitaría el traslado del riesgo a los particulares. Éstos representan más del 95% del parque de viviendas en alquiler y así se mantendría la función solidaria que corresponde al Estado y demás entes públicos.