La lucha de Hacienda contra el fraude fiscal en el catastro no acaba con las inspecciones que está realizando en todo el territorio nacional para hacer aflorar construcciones de nueva planta, reformas o cambios de uso de inmuebles que no han sido notificadas al Catastro con el consiguiente ahorro en impuestos como el IBI, las plusvalÃas o el de la renta (IRPF). El fisco también se ha aliado con los administradores de fincas de Málaga para acercar a los ciudadanos la información catastral y facilitarles la tramitación de sus notificaciones cuando intervengan en una operación de compraventa o de alquiler, pero sobre todo para detectar posibles irregularidades en esas transacciones y perseguir que la fiscalidad se ajuste a la realidad patrimonial de cada contribuyente a la hora de pagar los impuestos. Una disparidad que por regla general tienen que ver con errores en la identificación del inmueble, su ubicación, la titularidad o la superficie.
La actualización de los datos catastrales tiene su principal repercusión en el recibo del IBI
Unas veces por desconocimiento, otras de forma intencionada, la cuestión es que en torno al 20% de las notificaciones de los valores catastrales contienen alguna incorrección. En el punto de mira destacan las ampliaciones o reformas de inmuebles que no han sido declaradas por su propietario ni en el momento de su ejecución ni cuando procede a su venta o arrendamiento.
En este acuerdo se establece el compromiso de estos profesionales de informar de forma periódica sobre las discrepancias detectadas en las descripciones catastrales de los inmuebles en cualquier transacción en la que intervengan (intervienen en cerca de un 15% de los contratos de compraventa y alquiler), asà como alertar sobre diferencias entre los datos que figuran en los registros de la Dirección General del Catastro y la realidad inmobiliaria.
Si de esta forma se pretende perseguir el fraude que pueda aflorar en las transacciones inmobiliarias, para hacer lo propio sobre el terreno ya se está ejecutando el plan de regularización 2013-2016 en el que se están peinando sobre todo urbanizaciones de la Costa y diseminados del interior para sacar a la luz del fisco esas casas de apero en el campo reconvertidas en chalets de lujo, esa finca familiar en la que los hijos han levantado sus casas junto a la de sus padres o ese patio trasero donde se ha construido una piscina.
De momento, esta campaña de inspección (desde la captura de fotos aéreas hasta visitas al inmueble sospechoso) ya ha concluido en 29 municipios de la provincia con un resultado nada insignificante, al detectarse un total de 30.113 viviendas y reformas sin declarar. La regularización no conlleva sanción para el propietario, pero sà el abono de una tasa de 60 euros y, sobre todo, el consiguiente incremento del recibo del IBI además de tener que ponerse al dÃa por lo que ha dejado de pagar en los últimos cuatro años. Según los datos extraÃdos de esta primera fase, los titulares de estas construcciones se van a encontrar en el próximo recibo de la contribución con una subida media de 215 euros por inmueble, a los que hay que sumar otros 508 en concepto de atrasos. Además de estas 29 localidades ya revisadas, Hacienda está trabajando actualmente en otras 13 (la capital y el resto de municipios costeros y del área metropolitana) con el objetivo de lograr a finales de 2016 una imagen fiel de la situación actual de toda la provincia y ‘cazar’ a quienes no han cumplido con su obligación.
«Se trata de actualizar el Catastro porque en muchos casos está antiguo y hay numerosas modificaciones en viviendas que no han sido declaradas», explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor, quien remarca que al poder acceder electrónicamente a los datos necesarios, «los trámites inmobiliarios pueden ser más rápidos, y la conclusión de la venta o alquiler gozará, además, de la máxima protección jurÃdica, transparencia y, sin duda alguna, exactitud en los datos». En cuanto al compromiso de informar sobre errores que detecten, el representante de esta institución niega que se vayan a convertir en «inspectores en la sombra». «Lo que se persigue es que los datos oficiales casen con la realidad inmobiliaria», precisa.
En cuanto suscriba este convenio –primero debe ser aprobado en la junta prevista para finales de mes–, el Colegio deberá habilitar en su sede (calle del Compositor Lehmberg Ruiz, 10) un punto de información catastral que permitirá a los ciudadanos la consulta y certificación electrónica de la información incorporada al registro. Además, se obligará a informar cada mes al Catastro sobre los precios de oferta de las transacciones de compraventa y de alquiler de inmuebles que hayan sido encomendadas a sus colegiados, asà como de las peritaciones que estos realicen. Igualmente, deberá promover entre estos profesionales que se consigne la referencia catastral de los inmuebles de todos los contratos de compraventa, arras y alquiler en los que actúen.
Los 1.200 colegiados de Málaga y Melilla estarán capacitados para presentar las declaraciones catastrales correspondientes a aquellas alteraciones inmobiliarias que les sean encomendadas por sus propietarios y que se realicen en municipios cuyos ayuntamientos no se hayan acogido al procedimiento de comunicación. Eso sÃ, antes de formalizar la presentación deberán remitir al Colegio los datos para verificar que son correctos. Los principales beneficiarios de este convenio serán los ayuntamientos, ya que el valor catastral se toma como referencia para fijar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las plusvalÃas.
