En un escrito dirigido a los senadores, el pasado viernes 20 de febrero, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han recordado a los representantes de la Cámara Alta que la Ley 22/1988, de Costas, está ratificada por la Constitución española ya que garantiza el uso público y gratuito de nuestro litoral.
Para las organizaciones ecologistas, iniciar una reforma de la Ley de Costas, sin haberse terminado el deslinde –la delimitación cartográfica- del dominio público marítimo-terrestre, provocaría una gran inseguridad jurídica. Además supondría un enorme coste al erario público ya que se tendría que hacer frente a las indemnizaciones hacia aquellos que sí acataron la Ley.
Según estas asociaciones, la moción del Partido Popular persigue garantizar una supuesta seguridad jurídica hacia un reducido sector de la sociedad que sólo representa un 1,1% de la población. Una moción que ignora que el 90% de los pleitos sobre la aplicación arbitraria, retroactiva e injusta de la norma los gana el Estado. Es decir, durante los 24 años que la Ley ha estado vigente en nuestro país, los culpables de los “males” que ahora se achacan a la Ley son únicamente los gestores de urbanismo de los municipios costeros, las CCAA y las demarcaciones de Costas que sí que permitieron en sus planes generales construir en terreno público ignorando la Ley.
De los puntos de la moción que más preocupan a las organizaciones es que se cite expresamente “la inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero como unas víctimas de la defensa de la costa y que los “ciudadanos no españoles están dejando de invertir en el mercado residencial español”. Aquí subyacen los verdaderos motivos de la reforma: un escenario de continuidad que dará por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el servicio del litoral al servicio de todos y de un interés general.
Según estas asociaciones, la reforma real que sí que necesita la Ley de Costas, es avanzar en la publicación de una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que aune usos e integre políticas, con un pilar fundamental, el de la defensa de la garantía pública del territorio costero y que de esta forma se garantice un control presupuestario y el interés general de la Nación.
