Después de que Mariano Rajoy confirmara la semana pasada al presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que una de las primeras medidas que tomará su Gobierno en cuanto se forme será la creación de un «banco malo» estatal para limpiar los activos inmobiliarios que lastran los balances del sector financiero, ahora parece ser que esta medida está perdiendo fuerza en el PP por la presión social y la crítica situación de las finanzas del Estado.
Esta medida pretende sanear definitivamente el sector financiero, algo decisivo, según los expertos consultados por El Confidencial, para recuperar la confianza de los inversores internacionales y reducir así la prima de riesgo.
Un banco malo es un vehículo que crea el Estado y que adquiere los activos inmobiliarios problemáticos de las entidades. Las pérdidas que originan estas compras para las entidades requieren una inyección de capital que es lo que se hará a medias por el Estado y la banca. Al final, hace lo mismo que el FROB pero consigue limpiar de verdad todo el ladrillo del sector.
La clave está en que estas pérdidas del «ladrillo» serán asumidas a medias por el erario público y por el propio sector, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Algo que exigirá a las entidades «sanas» que eleven sus aportaciones a dicho Fondo e incluso que pidan un préstamo al FROB. La parte pública se financiará con emisiones de deuda y, si eso no es posible en las circunstancias actuales de mercado, con ayuda del fondo de rescate europeo (EFSF).
Las fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que se va a atender a las peticiones de las tres mayores entidades de España (Santander, BBVA y La Caixa) y no va a ser un «banco malo» obligatorio e indiscriminado, sino que sólo actuará en las entidades en peor situación. Entre ellas estará previsiblemente Bankia, que ya cuenta con un «banco malo» privado (BFA) en el que ha aparcado sus «activos tóxicos» junto a las ayudas del FROB y una serie de participaciones industriales.
Cuestionado por la presión social
Ahora bien, el entusiasmo inicial del PP por la idea se ha enfriado bastante, según fuentes de la cúpula popular. Según recoge El Confidencial, los asesores del presidente del Gobierno electo se están cuestionando la medida por dos motivos principales. El primero es la presión social: no todo el mundo estará de acuerdo en dar 100.000 millones de dinero público a los bancos cuando se tienen cinco millones de parados.
El segundo es la dramática situación de las arcas públicas, que impide asumir un gasto de esta magnitud. Máxime cuando algunos medios ya hablan de un déficit oculto de 20.000 millones, que requerirá recortes adicionales. En esta línea se situaba recientemente el ex secretario de Estado de Economía en el Gobierno de Aznar, Luis de Guindos, quien considera que la única solución es pedir prestado ese dinero al fondo de rescate europeo (EFSF).
Recuperar la confianza
A pesar de todo, los expertos consideran que los beneficios de un banco malo superan con creces sus coste para el erario público, incluso aunque lleguen a 100.000 millones como aseguran numerosas estimaciones. Para empezar, está ese cumplimiento de las expectativas, una cuestión de suma importancia cuando de recuperar la confianza se trata. Después está el saneamiento definitivo del sector, que lo libraría de sospechas. Y, además de atraer la inversión, podría empezar a dar crédito de nuevo, ya que sus necesidades de provisiones se reducirían drásticamente y podría obtener la liquidez que ahora mismo se le niega (en los mercados mayoristas) o tiene que pagar a precio de oro (en los depósitos minoristas).
