El Congreso de los Diputados rechazó el martes una propuesta presentada por el BNG en la que pedía al Gobierno que sean los juzgados los que tutelen los procesos de renegociación de las condiciones hipotecarias ante la posibilidad de desahucio y que se acepte la dación en pago como fórmula para liberar a los deudores de buena fe de sus créditos.
Los «populares» se han opuesto a esta iniciativa de los nacionalistas gallegos, que sí han conseguido el respaldo del PSOE, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de UPyD. Los nacionalistas vascos y catalanes han optado por la abstención en el debate de esta iniciativa en la Comisión de Justicia celebrada en la Cámara baja.
La votación se ha realizado finalmente sobre un texto transaccionado entre nacionalistas gallegos y socialistas en el que además de pedir una «reforma legislativa en materia civil, hipotecaria y procesal» que permita la dación en pago y la tutela judicial en la búsqueda de soluciones alternativas al desahucio, también se reclamaba una regulación específica del sistema de crédito e hipotecario para ‘prevenir situaciones de sobreendeudamiento’ futuro.
Entre otras cosas, los socialistas han logrado incorporar a la propuesta iniciativas concretas para obligar a los bancos a ofrecer productos hipotecarios que tengan la vivienda como única garantía, ampliar los plazos de las ejecuciones para desempleados, facilitar el acceso a la financiación a los postores en las subastas o suprimir las «cláusulas, prácticas y situaciones abusivas» en las negociaciones de créditos hipotecarios.
Asimismo, el PSOE y el BNG han acordado también reclamar al Gobierno un Proyecto de Ley de insolvencia personal que aborde las situaciones de endeudamiento de las personas «de una forma integral» y que «regule el reparto equilibrado de los riesgos entre el deudor y el acreedor», y también «regular más y mejor las sociedades tasadoras para fomentar su competencia e independencia».
La propuesta del BNG se ha debatido dos días antes de que el Pleno del Congreso convalide el decreto ley de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos, que recoge un código de buenas prácticas para las entidades financieras en el que se incluye la posibilidad de aceptar la dación en pago.