La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha asegurado que su Departamento no ha pretendido «nunca» eliminar los chiringuitos de playa, sino «compatibilizar la actividad económica de estos establecimientos con el respeto al medio ambiente».
De las aclaraciones de Espinosa se desprende que el Gobierno considera a los chiringuitos como «excepción justificada por el interés colectivo y estrictamente limitada en el tiempo y el espacio», siempre y cuando cumplan con la normativa, y ahí es donde se ha servido la polémica. “Nunca hemos tenido el propósito de eliminar nada y estamos estudiando todo tipo de fórmulas para que se pueda cumplir la Ley de Costas y que permanezcan los chiringuitos”.
El Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, al que pertenece la Dirección General de Costas, insiste en que el propósito de la revisión de la situación legal de los merenderos de playa es la de facilitar su continuidad, darles garantía jurídica y ordenar un sector que en comunidades autónomas como Andalucía tiene relevancia económica (según la Junta de Andalucía, genera 40.000 puestos de trabajo y factura unos 500 millones de euros anualmente).
En su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso y en respuesta a los reproches de prácticamente todos los grupos parlamentarios, Espinosa ha subrayado que su labor es detener o, al menos, «controlar» el deterioro físico del litoral español provocado por la presión urbanística, la erosión de la costa y los efectos del cambio climático.
Objetivo: salvar la costa
Según ha advertido Espinosa, «muchos usos de nuestro litoral son fundamentales para la economía, pero no podemos seguir con una degradación de nuestra costa, negativa desde el punto de visto social y económico. Es fundamental protegerla porque será muy difícil recuperar su equilibrio natural si no aplicamos el criterio preventivo».
En ese proceso, el Ministerio estudia el estado del litoral, «provincia a provincia, municipio a municipio y caso a caso, si hace falta», para buscar la mejor solución jurídica para el medio ambiente y para los afectados, como los dueños de chiringuitos o fincas particulares que ocupan el dominio público marítimo-terrestre, ha insistido.
La dirección general de costas cambia de discurso
La normativa de costas del Ministerio establece, entre otros requisitos, que la distancia mínima entre los restaurantes de playa sea de 200 metros, que cada negocio no ocupe más de 150 metros cuadrados y que todos estén fuera de la arena, «para no ocupar el dominio público maritmo terrestre y no molestar a los bañistas». Esto ha despertado una gran polémica en torno al retranqueo de chiringuitos fuera de la arena, aunque finalmente el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro ha asegurado que sólo se podrán trasladar cuando haya espacio para retranquearlo y previo acuerdo con los dueños. «Según las características de cada tramo estudiado, el grado de consolidación de las fachadas y la orografía de la costa podemos decir que los chiringuitos podrán mantenerse en la arena», ha afirmado. Ahora, sólo en aquellos puntos en que sea posible físicamente trasladar los negocios tierra adentro se planteará esta opción, y únicamente con el acuerdo de los empresarios, subrayó el representante de Costas. «De lo que se trata es de hacer compatible el servicio que prestan estos establecimientos y que el ciudadano pueda usar un espacio público», agregó.
Satisfacción en el sector
Por su parte, Norberto del Catillo, presidente de la Federación de Empresarios de Playas, ha expresado que el sector debe felicitarse, ya que «parece que la situación se está encauzando de una vez por todas. Esperamos que esto sea un antes y un después para los chiringuitos». El responsable de la patronal reclamó al Gobierno que este proceso se desarrolle «sin prisa pero sin pausa, para que todas estas inquietudes y tensiones del sector se resuelvan y tengamos claro hacia dónde vamos».
A juicio del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, «la Secretaría General del Mar y la Dirección General de Costas han hecho un espléndido trabajo de radiografía del litoral andaluz, con el fin de saber de qué estamos hablando. En la comisión de seguimiento, con esa documentación se podrá hacer un estudio pormenorizado de las diferentes problemáticas».
A por el «deslinde total»
En su comparecencia, la ministra ha anunciado que para garantizar la protección del litoral, el Ministerio sigue realizando el «deslinde» de los 10.100 kilómetros que hay de dominio público marítimo-terrestre, formado por playas, humedales y acantilados verticales. Hasta el momento, se han deslindado 8.850 kilómetros, el 87 por ciento de la costa, aunque para el final de esta legislatura «lograremos el deslinde total», ha anunciado la ministra.
Además, desde la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, cada año se realizan unas 4.000 intervenciones entre procedimientos sancionadores, informes de planeamiento urbanístico, autorizaciones y concesiones demaniales. Junto a estas actuaciones, el Gobierno mantiene el programa de adquisición de fincas en terrenos colindantes del dominio marítimo-terrestre por su alto valor ecológico. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha adquirido ocho fincas por valor superior a los 24 millones de euros, ha avanzado.
En su intervención, Espinosa ha recordado que el Ministerio vigila la sostenibilidad de la costa con actuaciones para evitar que continúe la regresión del litoral causada por el cambio climático, y para proteger y recuperar los litorales más degradados.
Otras acciones están encaminadas a permitir el acceso y uso público de la costa (a través de senderos naturales e itinerarios), así como a mejorar el conocimiento de la costa y los ecosistemas litorales.
Por último, la ministra ha recordado que el Gobierno está trabajando en una norma con rango de Ley sobre Protección del Medio Marino cuya elaboración contará con las aportaciones de los partidos políticos, las autonomías y ONG.