El Ministerio de Fomento y el Ministerio de Justicia analizan la actual legislación de expropiaciones forzosas con el fin de evitar que los terrenos cuesten más que «los proyectos de infraestructuras que se construyen encima», tal como sucede actualmente.
Así lo indicó el secretario general de Infraestructuras de Fomento, Gonzalo Ferre, quien manifestó su confianza en que la eventual modificación en las expropiaciones esté lista antes de que concluya el año.
«Nos vamos a tomar muy en serio este tema para cortar de raíz el problema que las expropiaciones han ocasionando en la obra pública en los últimos seis años mientras todo el mundo miraba hacia otro lado», declaró el alto cargo de Fomento durante su intervención en la asamblea de la patronal de construcción Anci.
Según Ferre, los altos precios que se pagan por los terrenos que se necesitan para construir vías de tren, carreteras y otras dotaciones ha llevado a que, en la actualidad, «las expropiaciones constituyan el mayor coste del Ministerio«. «Nos cuesta más el suelo que lo que hacemos encima», aseguró.
El secretario general de Infraestructuras recordó que este problema ha llevado a que Fomento tenga que destinar 600 millones de euros de su presupuesto para carreteras de este año a ir pagando lo que el Ministerio adeuda por expropiaciones realizadas en años anteriores. También es uno de los principales motivos del riesgo de quiebra que actualmente afrontan una decena de autopistas.
«Antes era una desgracia que te expropiaran, pero tampoco tiene ni pies ni cabeza pagar treinta veces más de lo que cuesta (el terreno), porque además constituye una falta de respeto para el contribuyente«, declaró el alto cargo del departamento que dirige Ana Pastor.
Pagar lo que cuesta
Por ello, Ferre desveló que Fomento trabaja ya con el Ministerio de Justicia, en primer término «para tener la certeza de que en los últimos años no se han realizado prácticas indebidas» y, posteriormente, analizar la legislación y determinar si es preciso modificarla, todo ello con el fin último de el Estado sólo pague por un bien expropiado lo que cuesta ese bien, «aunque sea de una forma generosa en agradecimiento de la sociedad a su contribución, pero no treinta veces más».
El alto cargo de Fomento enmarcó la necesidad de acotar el sobrecoste de las expropiaciones en el objetivo general del Ministerio de ir pagando la deuda de unos 40.000 millones de euros que suma todo el departamento, incluidas sus sociedades dependientes.
«Si nos dedicáramos a pagar todo lo que debemos tendríamos que parar todas las obras en marcha, pero lo que haremos será ir pagando sin ocasionar un problema más grande», garantizó Ferre.