El Gobierno contempla la posi
bilidad de crear un registro público de inquilinos morosos con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar de este modo el arrendamiento, según contempla el «Programa Nacional de Reformas 2012» remitido por el Gobierno a la Comisión Europea (CE).
El Ejecutivo quiere «impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos» por lo que, afirma, está «estudiando la posibilidad» de crear este registro donde figuren los nombres de los arrendatarios conflictivos.
Para darle un marco legal a este registro y la inclusión de los datos de los inquilinos, el Gobierno plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esta propuesta está incluida en el apartado de medidas de dinamización del mercado de alquiler, que también contempla una flexibilización de la duración del contrato de arrendamiento, sin especificar cuál sería la modificación. Actualmente, a partir del primer año, el inquilino tiene derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de cinco años.
Medidas fiscales para alquilar viviendas vacías
Por otro lado, el Gobierno fomentará el alquiler de las viviendas vacías mediante medidas fiscales, como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler.
Asimismo, el informe propone una reformulación del sistema de valoraciones y una búsqueda de mecanismos para la homogenización del valor del suelo, de forma que no persistan los tres valores diferenciados actuales (fiscal-catastral, expropiatorio y financiero-hipotecario).
El Gobierno contempla también la posibilidad de unificar las distintas ayudas al alquiler vigentes para que los ciudadanos puedan acudir a una «ventanilla única», dando prioridad a las personas con bajos niveles del renta e incluyéndolas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
Por último, el Ejecutivo llevará a cabo un Plan estatal para la regeneración urbana y el alquiler (2013-2016) con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, dar salida a las viviendas vacías y fomentar el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis.
El plan contempla la definición de vivienda protegida destinada al alquiler con opción a compra, el fomento del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos e impulsar la rehabilitación.
Límite al inicio de viviendas: no más de 105.000 en 2015
El Gobierno pretende con estas medidas impulsar el mercado del alquiler, ante el parón del mercado de la propiedad. Así, el Gobierno recuerda en el documento remitido en el que se detalla el Plan de Estabilidad para 2012-2015, que la demanda de viviendas ha registrado caídas «muy acusadas» en 2011 y que es previsible «un ajuste lento del mercado».
Concretamente, prevé que las viviendas iniciadas se reactiven «muy suavemente», sólo compensando la reducción del «stock» de inmuebles sin vender.
De esta forma, se pasará de unas 90.000 viviendas iniciadas en 2011 a unas 105.000 viviendas en 2015, lo que implicará, al menos, «leves tasas» de crecimiento interanuales positivas en los indicadores de inversión inmobiliaria residencial durante 2014 y 2015