El Gobierno creará esta semana el «banco malo» para acotar el riesgo del «ladrillo» en las entidades y avanzar en las condiciones impuestas por Bruselas para recibir el rescate bancario por hasta 100.000 millones de euros con el fin de sanear el conjunto del sistema financiero.
Está previsto que el Consejo de Ministros del viernes 24 de agosto dé «luz verde» a la creación de la sociedad de gestión de activos, que inyectará dinero público en las entidades a cambio de que le transfieran los inmuebles adjudicados y los créditos a promotores, entre otros, informa Europa Press.
La creación de esta sociedad de respaldo público para agrupar los activos dañados de la banca es una condición recogida en el memorando del rescate bancario acordado con Bruselas con el fin último de reactivar la concesión del crédito en España.
Está previsto que dichos activos inmobiliarios, que podrían extenderse a las participaciones de la banca en empresas promotoras, se contabilicen a valor razonable y no de mercado, y que el «banco malo» les dé salida de forma escalonada en un plazo dilatado de diez años.
Aún se desconoce la forma de articular el «banco malo» con el detalle de los activos que aglutinará más allá de los citados en el memorando y sobre quién recaerá la gestión del mismo, así como qué criterios se utilizarán para establecer su valoración.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, sostuvo en declaraciones a Europa Press que el banco malo permitirá solucionar muchos de los problemas de la economía española y contribuir a la puesta en el mercado de las 700.000 viviendas sin vender a un precio acompasado a su valor real.
Distinta opinión tiene la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), para la que este instrumento puede caer en saco roto si no se acompaña de reformas que impidan la vuelta a las condiciones que permitieron la creación de la burbuja inmobiliaria.
En lo que coinciden tanto Adicae como el Ejecutivo es en que el «banco malo» podría provocar un descenso generalizado de los precios de la vivienda, lo que, para la asociación, se traduciría en el empobrecimiento de los propietarios de un inmueble.
Otros expertos consultados por Europa Press apuntan a que este instrumento podría congelar la necesaria corrección de los precios inmobiliarios en España.