Con este texto legal, que deriva de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el Ejecutivo «persigue reforzar las garantías para canalizar la participación del capital privado en la financiación de infraestructuras públicas y contribuir así a dinamizar la actividad económica en el actual momento de restricción presupuestaria», según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.