La Comisión Europea ha mantenido «muchos contactos» y permanece «en contacto» con el Gobierno español para discutir la creación del «banco malo», cuya estructura espera aprobar el Consejo de Ministros este viernes para gestionar los activos tóxicos de las entidades financieras que requieran ayudas europeas para reestructurarse, el marco normativo que debe aprobar el Gobierno para reforzar los poderes del FROB para intervenir en las entidades bancarias problemáticas y para aprobar una legislación que regule las responsabilidades de los propietarios de títulos subordinados.
Se trata de tres de las condiciones que debe cumplir el Ejecutivo de Mariano Rajoy para «finales de agosto» según las condiciones que fija el Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito a cambio del rescate de las entidades españolas que lo necesiten por valor de hasta 100.000 millones de euros, según han recordado fuentes del Ejecutivo comunitario.
«Estamos en contacto con las autoridades españolas mientras preparan estas propuestas legislativas diferentes para cumplir el MOU», han precisado las mismas fuentes que han rechazado entrar en detalles sobre el contenido de las negociaciones en marcha, aunque admiten que «ha habido muchos contactos» recientes.
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a «reforzar» el marco para la resolución de quiebras de entidades bancarias en España «para finales de agosto». «Las autoridades españolas en consultación con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional modificación el marco de resolución bancaria para incorporar los poderes de resolución relevantes para reforzar el FROB», según recoge el Memorando de Entendimiento.
Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a crear para «finales de agosto» a aprobar el «marco legislativo» para crear una compañía de gestión de activos tóxicos o «banco malo» para abordar los activos problemáticos en riesgo de impago por parte de las entidades bancarias que requieran ayudas europeas.
«Los activos problemáticos de los bancos ayudados deben retirarse rápidamente de las hojas de balance de sus bancos. Esto se aplica, en particular, a los préstamos relacionados con el Desarrollo Inmobiliario (RED) y los activos adjudicados como dación en pago. En principio, también se aplicará a otros activos, cuando se den señales de un fuerte deterioro en su calidad», según recoge el Memorando de Entendimiento.
El Gobierno español también se ha comprometido a aprobar legislación para «introducir un ejercicio de responsabilidad subordinada efectiva», que permita imponer de forma «obligatoria» una quita en el valor de los títulos subordinados o de otros instrumentos como las preferentes de entidades rescatadas.