Bruselas aprueba proteger a los hipotecados frente a los abusos

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han acordado por primera vez y de forma provisional un texto legislativo sobre hipotecas que se convertirá en directiva de obligada transposición en dos años para los países miembros. La nueva normativa «ayudará a acabar con los excesos y promoverá prácticas de préstamo más responsable»», según el vicepresidente de la CE y comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un comunicado.

Bruselas quiere conseguir que los usuarios firmen hipotecas con la mayor cantidad de información posible. De este modo, el consumidor tendrá que disponer de un periodo obligatorio de reflexión de siete días. El banco deberá presentará además una hoja de información en la que se comparen las condiciones de sus préstamos con los de otras entidades. Tampoco podrá incluir cláusulas abusivas que no sean detalladas y comunicadas al firmante, tal y como estableció una sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

Asimismo, se prohibirá vincular el contrato hipotecario a la adquisición de otros productos. Actualmente, muchos bancos españoles obligan a contratar seguros contra incendios, firmar un seguro de desempleo e incluso realizar ingresos en un plan de pensiones para otorgar un crédito hipotecario.

Para aumentar la flexibilidad a la hora liquidar la deuda, el hipotecado podrá pagar por anticipado el precio del préstamo sin sanciones. La entidad bancaria sí tendrá derecho a recibir una compensación justa de los costes de ese reembolso anticipado.

La directiva también establecerá más plazo de tiempo a la hora de proceder a las ejecuciones, limitará a los cargos por impago y prohibirá que las autoridades puedan oponerse a la dación en pago cuando sea acordada por las partes.

Por último, se impondrán condiciones estrictas para los préstamos en moneda extranjera y con tipos de interés variable y habrá que aportar una tasación independiente de la propiedad.

El Parlamento español acaba de aprobar una nueva ley antidesahucios que también busca proteger a los consumidores al ampliar a tres meses el plazo de impago para la ejecución hipotecaria y limitar los intereses de demora. Además, se introducen quitas para aquellos deudores que abonen las cantidades restantes en un periodo de tiempo determinado.