El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas.
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado que, según los datos ofrecidos por el Banco de España, un millón y medio de personas podrían estar afectadas por hipotecas con cláusulas suelo nulas. Por ello, el Gobierno ha considerado de «necesaria y urgente necesidad arbitrar un cauce paralelo al procedimiento judicial» con el fin de evitar el colapso en los tribunales y facilitar a los perjudicados un procedimiento muy rápido para «poder recuperar las cantidades indebidamente cobradas«. Además, ha aclarado que la medida también afecta a las hipotecas ya canceladas.
De Guindos ha señalado que la norma aprobada hoy «es un mecanismo de reclamación previa a la interposición de las demandas judiciales y es voluntario para el consumidor afectado por una cláusula suelo». Las entidades de crédito, de forma obligatoria, tienen que informar a sus clientes y publicitar en el plazo máximo de un mes la existencia de esta alternativa extrajudicial por si la quieren utilizar.
El consumidor puede dirigir una reclamación a su entidad de crédito, que deberá remitirle el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo los intereses, o las razones por las que considera que la reclamación no es procedente. Si el cliente está de acuerdo con el cálculo, la entidad realizará la devolución en efectivo, si bien ambas partes pueden acordar medidas compensatorias, como una reducción de las cuotas hipotecarias futuras. Todo este proceso se hará en un plazo máximo de tres meses.
El ministro ha recalcado que, en caso de compensación, el cliente tiene que poner de manifiesto «de su puño y letra» que comprende el instrumento que se ha ofrecido como alternativa al pago en efectivo.
La segunda forma para reclamar es acudir a la vía judicial directamente, pero si el consumidor opta por ella no podrá ejercitar la extrajudicial aprobada hoy. En el caso de las demandas judiciales ya abiertas, las partes, de común acuerdo, pueden solicitar la suspensión del procedimiento y acogerse a la tramitación acordada por el Consejo de Ministros.
El ministro ha subrayado que el mecanismo «incentiva que la entidad resuelva de forma adecuada y de buena fe los procedimientos». Si el consumidor demanda al banco tras no llegar a un acuerdo en la reclamación extrajudicial y la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él, la entidad será condenada en costas. Si el consumidor acude a la vía judicial directamente, sin usar la reclamación previa, y la entidad de crédito paga la cantidad indebidamente cobrada antes del trámite de contestación a la demanda, no será condenada en costas.
El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito. Se prevé, además, una reducción sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados de las novaciones de contratos que puedan resultar de la adopción de medidas compensatorias distintas a la devolución del efectivo.
Luis de Guindos ha aclarado que «la cantidad que se devuelve al consumidor no se incluye en la base del IRPF, ni los posibles intereses que se pudieran llegar a pactar o acordar como consecuencia del acuerdo entre las partes».
En caso de que el consumidor se hubiera deducido esas cuantías en ejercicios anteriores, la regularización, es decir, la complementaria, será sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. De esta forma, ha reiterado De Guindos, «se garantiza la neutralidad del procedimiento desde el punto de vista del IRPF».
El titular de Economía y Competitividad ha adelantado que el Gobierno regulará el establecimiento de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación del Real Decreto. En este órgano estarán representados consumidores y abogados. Emitirá un informe semestral y velará por que las entidades cumplan sus obligaciones de información, sobre todo con respecto a personas vulnerables.
Luis de Guindos ha destacado que la norma ha sido consensuada con Ciudadanos, PSOE, PNV y Coalición Canaria, lo que «es indicativo de la voluntad de diálogo que todos hemos mostrado en un tema muy relevante para la sociedad».
El ministro ha informado de que el Gobierno lleva unos meses trabajando en una nueva ley hipotecaria para «reforzar la transparencia y que no vuelvan a producirse situaciones» como las vividas en relación con las cláusulas suelo. Al respecto, ha recordado que, a principios de 2013, obligó a los deudores hipotecarios a que reconocieran y comprendieran su existencia. A su juicio, «fue una actuación de transparencia» que se va a mantener en la futura ley hipotecaria.
De Guindos ha avanzado que la norma reforzará la información precontractual para que, antes de firmar la hipoteca ante el notario, el cliente conozca «todas aquellas cláusulas que son especialmente sensibles», no solo las cláusulas suelo, sino por ejemplo la de amortización anticipada