Una persona joven debería cobrar 2.605 euros mensuales para poder comprar una vivienda, es decir el doble del salario (107,86%) que obtiene actualmente como media, según el último informe del Observatorio Joven de la Vivienda del Consejo de la Juventud de España.
El análisis, correspondiente al segundo trimestre de 2009, revela además que sigue estancada la emancipación de los jóvenes en España ante la imposibilidad de comprar una vivienda.
El vicepresidente del Consejo Superior de la Juventud de España, José Luis Arroyo, aseguró que la actual situación se debe a las dificultades del mercado laboral y señaló que es «muy preocupante» que en España haya 4,2 millones de jóvenes sin ningún tipo de ingreso para hacer frente a la emancipación y que otros 1,5 millones dispongan de vivienda pero no de salario.
Y es que según el presidente del Consejo de la Juventud de España, Daniel Lostao, prácticamente la mitad de la población en paro en España es joven, y mientras la tasa de temporalidad media es del 17,7%, entre la población joven asciende hasta el 37,1%.
A pesar de la caída de precios
El informe señala que a pesar del descenso del precio de los pisos y de los tipos de interés en los seis primeros meses del año, un joven tendría que reservar el 62,4% de su salario para hacer frente al pago inicial de una hipoteca media o el 54% de su sueldo para poder alquilar un piso.
Además, el nivel mínimo de ingresos para financiar la compra de una vivienda libre sin riesgo es de 31.266,02 euros anuales, más del doble del poder adquisitivo de una persona joven, que se sitúa en un salario neto medio de 15.042,21 euros al año.
Las comunidades autónomas donde es mayor la diferencia entre ingresos necesarios y salarios para poder acceder a la compra de una vivienda son País Vasco, donde el sueldo de un joven debe ser un 158,76% superior al actual; Madrid, donde el salario debería incrementarse el 151,09%, y Baleares, donde este colectivo debería ganar el 147,26% más.
Por el contrario, las comunidades en las que más se aproximan los ingresos y el poder adquisitivo real de los jóvenes son: Extremadura (26,78%), Castilla La Mancha (48,12%) y Castilla y León (62,14%).
La imposibilidad o dificultad de comprar una vivienda hace que siga siendo muy complicada la emancipación, que sigue estancada y cuyo nivel se sitúa en el 46,8%, lo que supone un descenso del 0,20% en tres meses y un avance casi «nulo», del 0,04% en tasa interanual.
De esta forma, el número de jóvenes emancipados con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años se situó en 5.205.292 de personas hasta junio de 2009.
Un piso de 48,1 metros
Por otra parte, el último boletín de este Observatorio destaca que la superficie máxima que ha de tener un piso al que pueden acceder los jóvenes, teniendo en cuenta el salario que cobran, es de 48,1 metros cuadrados, en el caso de la compra y de 65,3 metros cuadrados en el del alquiler.
Para paliar la dificultad de acceso a la vivienda tanto en la compra como en alquiler, Lostao abogó por la creación de Institutos Públicos de Vivienda que gestionen ayudas, avalen a personas sin recursos o compren suelo.
También urgió al Gobierno a proporcionar un número suficiente de viviendas asequibles al nivel de ingresos de los jóvenes, de forma que «en ningún caso» el coste mensual suponga una cantidad superior al 20% de sus ingresos.
En el mismo sentido, Arroyo pidió una mayor coordinación de las políticas del Gobierno central con las comunidades autónomas para fomentar el acceso de los jóvenes a la vivienda y señaló que aunque las rentas básicas de emancipación «favorecen» a este colectivo, sería necesario «reorientar» el parque inmobiliario hacia un régimen de alquiler público.
El alquiler, la alternativa
«El alquiler público y con opción a compra pueden paliar el estancamiento en la tasa de emancipación de los jóvenes», señaló Arroyo, tras apuntar que en comunidades como Asturias, Cantabria y Galicia, más del 35% de las personas con edades entre 30 y 34 años «siguen residiendo en los hogares de origen».
Otras de las propuestas del Consejo de la Juventud de España son modificar la legislación para garantizar cuota de viviendas protegidas en edificios de viviendas libres, ayudas directas a esta colectivo para la primera compra o la creación de un censo de viviendas vacías para potenciar su entrada en el mercado.
