Desde que el pasado viernes se aprobara el Código de Buenas Prácticas que deberá regir todas las transacciones inmobiliarias de las empresas que voluntariamente se acojan a él, los consumidores pueden respirar más tranquilos. La nueva norma va dirigida a las empresas del sector de la gestión e intermediación inmobiliaria y pretende acabar con los abusos que en otro tiempo rigieron las relaciones vendedor comprador en un sector que ha sufrido con creces las consecuencias de la crisis.
El nuevo código nace para ser un icono de prestigio y garantía para el cliente, y se caracteriza por su carácter autorregulador en armonía y respeto con los derechos y garantías de los consumidores.
La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid junto con AEGI Madrid, Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria de Madrid, CEIM (Confederación Empresarial de Madrid- CEOE) y la Cámara de Comercio de Madrid han presentado el Código de Buenas Prácticas, que recoge tanto los requisitos legales aplicables a la intermediación inmobiliaria, como los compromisos de actuación que exceden el marco normativo y cuya finalidad es la de satisfacer las demandas de los consumidores e incrementar el nivel de calidad y seguridad de las actividades desarrollada por las agencias y profesionales inmobiliarios.
Con «sello de calidad»
Además, a través del «sello de calidad» que se aprueba, el consumidor tendrá la certeza de que la empresa que le está asesorando en la operación le ofrece las garantías necesarias y cumple con todos los requisitos de solvencia técnica, comercial y financiera necesarios para llevar a buen término la operación.
Las entidades firmantes, las empresas o profesionales dedicados a la intermediación inmobiliaria que quieran adherirse a este Código tendrán que cumplir los requisitos que establece, dirigidos a garantizar la seguridad jurídica del consumidor.