Standard & Poor’s ha revisado a la baja el «rating» de 11 entidades financieras españolas, al tiempo que ha puesto en revisión con perspectiva negativa a otras cinco.
En concreto, además de los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, la agencia de calificación ha rebajado el «rating» de Banesto, Sabadell, Ibercaja, Bankinter, Banca Cívica, Barclays, Kutxabank, Santander Consumer y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Además, Standard & Poor’s ha puesto en revisión con perspectiva negativa a otras cinco entidades financieras: Caixabank y Bankia, a sus respectivas matrices La Caixa y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), así como al Banco Popular.
En este sentido, la calificadora de riesgos explicó que espera completar a finales de mayo su revisión sobre el impacto de la rebaja del emisor soberano en el sector financiero y apuntó que cualquier potencial impacto negativo sobre las entidades examinadas «se limitaría a uno o dos escalones».
Esta revisión se produce después de que la agencia de calificación rebajara la pasada semana en dos escalones el rating de España desde A/A-1 a BBB+/A-2 al entender que existen «riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria», algo que podría repercutir negativamente en la calidad crediticia de España.
De hecho, el pasado viernes la directora de ratings soberanos para Europa y África de S&P, Myriam Fernández de Heredia, ya anticipaba en una conferencia de prensa que la rebaja del «rating» soberano tendría impacto en las calificaciones del sector financiero «en días o semanas».
Por su parte, Marko Mrsnik, director de calificaciones soberanas de S&P para Europa, destacaba que las inyecciones de liquidez a tres años por parte del BCE habían sido un gran alivio para las refinanciaciones de la banca española, aunque advirtió de que estas subastas «no pueden sustituir» la necesaria reestructuración del sector, por lo que reclamó una mejora «a nivel europeo» de la eficacia en la gestión de mecanismos de rescate que pudieran aliviar las presiones en los mercados de deuda de España e Iralia.
«Si se articularan en Europa fórmulas alternativas de apoyo a la banca tendríamos que reevaluar la situación», reconocía Fernández de Heredia.
