La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha comprometido a hacer un seguimiento «mes a mes» de la entrega de llaves del Fondo Social de Viviendas a las familias que se hayan visto afectadas por deshaucios.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que el esfuerzo que están haciendo las entidades financieras con la cesión de las viviendas «no es excesivo», sino «solidario y conjunto» en un país «que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar que les haga sentir la cobertura de un Estado y de un Gobierno».
Para la vicepresidenta, el convenio recoge el «derecho a fracasar y a hacer una inversión equivocada, a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida».
La semana pasada se ha firmado el convenio de constitución del Fondo, que estará compuesto por un total de 5.891 viviendas aportadas por las 33 entidades que han rubricado el acuerdo y que podrán ser alquiladas por dos años con rentas que oscilarán entre los 150 y los 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
Los solicitantes de estas viviendas han de ser familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus hogares después de 1 de enero de 2008.
La puesta en marcha de este fondo social de viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios. Cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas, aunque podrán ampliarlo.
Las viviendas serán ofrecidas a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo.
Además, ha señalado que los más de 30 firmantes del convenio han acordado «aunar esfuerzos y criterios» para impulsar el Fondo Social y poner a disposición de muchas familias «que padecen los rigores de una crisis demasiado larga» estas viviendas.
«Podemos discutir sobre si todas las medidas legales que adoptamos son suficientes, pero en este convenio está el ánimo de todos de ponernos en la piel de toda esta gente que confió en el futuro, que invirtió en sacar adelante una familia. Las cosas no fueron bien no por su responsabilidad, sino porque la coyuntura no era la deseada», ha agregado.
Tras subrayar que con iniciativas como ésta el Gobierno está siendo «justo y equitativo» frente a las injusticias de los sectores económicos, ha destacado que hay que dar una segunda oportunidad «a quienes arriesgaron por España, por su país, y no pudieron salir adelante». «Esto nos puede pasar a cualquiera. Es una crisis que ha pasado por encima de todos», ha concluido.
Además de la vicepresidenta del Gobierno, en la firma de este convenio han participado el ministro de Economía, Luis de Guindos; la ministra de Fomento, Ana Pastor, y la de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, la secretaria general de la UNACC, Marta de Castro, y el secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante.
Además, han estado presentes el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna; el presidente de la plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez; el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, y el director general de regulación y estabilidad financiera del Banco de España, José María Roldán.
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