Según el estudio, los bancos y las cajas, que sólo tienen declarados fallidos 4.000 millones de euros, han protagonizado «una huida hacia adelante», aplazando el reconocimiento de estas pérdidas latentes mediante fórmulas como la refinanciación de las inmobiliarias, embargos y adjudicaciones a precios muy bajos, aceptando daciones en pago o sustituyendo el crédito por acciones de las inmobiliarias.