Los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) han instado a la Junta de Andalucía a que regule la intermediación inmobiliaria, toda vez que consideran que «ante el repunte del sector inmobiliario, los API andaluces creen necesaria y urgente dicha regulación, a través de un registro administrativo obligatorio de estos profesionales, que ofrezca una garantía al ciudadano«.
El colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria se ha reunido este viernes en Sevilla en torno a las II Jornadas Inmobiliarias, organizadas por el Consejo Andaluz de Colegios de API, para debatir sobre la regulación de la intermediación inmobiliaria. Ante la presencia de la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz y del director general de Vivienda, Antonio Ibáñez, tanto el presidente del Consejo Andaluz, Diego Galiano, como el presidente del Colegio de Sevilla, Manuel Bermudo, han reclamado con urgencia «la reglamentación de los mediadores inmobiliarios a través de un registro administrativo obligatorio ante lo que parece una recuperación del sector, con la implantación de numerosas franquicias y agencias». Esto a los responsables del Consejo Andaluz les parece positivo, «siempre que las empresas que lleguen estén reguladas y ofrezcan garantías y profesionalidad». «El problema es que no podemos permitir que ocurra lo de la etapa anterior, en el que la gente operaba solo con un teléfono móvil y poniendo pegatinas en las farolas, lo que daba una absoluta desprotección a la ciudadanía, lo que provocaba situaciones de inseguridad jurídica», señala Bermudo. Consideran que «si ya existiera dicha regulación, todos aquellos que ahora quieren implantarse tendrían que cumplir una serie de requisitos de los que los más importantes será tener una localización y unos seguros, tanto de responsabilidad civil como de caución».
Asimismo, han apuntado que el Real Decreto Ley 4/2000 y la posterior Ley 10/2003 de liberalización del sector inmobiliario «hizo mucho daño a este colectivo, pues permitió que cualquier persona física o jurídica sin título alguno ni pertenencia a ningún colegio profesional, pudiera actuar como mediador en la compraventa y alquiler de viviendas». Para el presidente de los API de Sevilla «hasta para vender una lechuga hace falta una acreditación, un carnet de manipulador, sin embargo, para la inversión más grande de una familia, como es la compra de una vivienda no se exige nada en la actualidad». A través de esta regulación los agentes de la propiedad inmobiliaria persiguen principalmente tres fines, esto es, «ordenar el sector profesional, lo que arrojará transparencia al mercado; además pretenden aportar seguridad jurídica y económica al tráfico inmobiliario en nuestra región y finalmente, proteger a consumidores y usuarios». Tanto la directora general de Consumo como el director general de Vivienda han coincidido en señalar que la disposición de ambos al respecto de dicha regulación es positiva, mostrando su compromiso con los API «para nosotros es importante que los servicios que se presta a la ciudadanía por los profesionales estén regulados y desde Consumo creemos que es lícita dicha regulación que exigen los agentes de la propiedad inmobiliaria en beneficio de la ciudadanía, pues va a venir a poner mucha más luz al sector y a destapar competencias desleales», indica Dolores Muñoz. Según esta directora general, la secretaría general de vivienda está promoviendo ya el primer documento borrador sobre esta decreto; y el Consejo Andaluz esperan que para el primer semestre del 2015 esta regulación pueda ver la luz.
