Viviendas públicas a la venta por precios que oscilan entre los 15.000 y los 60.000 euros es la oferta que algunas autonomías hacen a sus inquilinos. Todo ello con la intención de que se conviertan en propietarios a un módico precio, pero también con las miras puestas en dar liquidez a sus cuentas y reducir la deuda.
Así lo han expresado a Efe responsables de vivienda de consejerías y organismo autónomos, que han coincidido en que la crítica situación de las comunidades autónomas obliga a buscar soluciones para reducir la deuda de las promotoras públicas amenazadas por la privatización y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
El caso más reciente es el de la Comunidad de Madrid, donde el IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) ha ofertado a los inquilinos más antiguos viviendas públicas, con garaje, que rondan los 55.000 euros.
Esta operación que afecta al 40 por ciento del parque del IVIMA (unas 9.155 viviendas) supondría al Ejecutivo de Esperanza Aguirre recaudar 500 millones de euros.
La Junta de Andalucía también se ha sumado a esta iniciativa al firmar hace dos meses un convenio con Unicaja para vender viviendas de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) a bajo precio y con una horquilla que va de los 15.000 a los 30.000 euros.
Sin embargo, desde la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta se quiere dejar claro que en Andalucía los planes de venta del parque público tienen «calado social», ya que se ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda a familias que no tendrían otra forma de hacerlo.
En esta Comunidad, las viviendas públicas más caras son las de reciente construcción (entre 5 y 10 años) que se venden a 30.000 euros (450 euros el metro cuadrado) mientras que las más baratas (con una antigüedad superior a 20 años) salen al mercado a 15.000 euros (342 euros el metro cuadrado). Para impulsar la venta, la Junta ha negociado convenios con entidades financieras al objeto de conseguir unos créditos hipotecarios ventajosos.
En el País Vasco, a finales del año pasado, se puso en marcha el conocido como «Plan 4.000», que preveía sacar al mercado, en cuatro años, 4.000 viviendas de alquiler a través de inversores privados, operación que se consideró clave para el saneamiento financiero.
Cataluña todavía no ha adoptado una iniciativa de este calibre, pero el secretario de Vivienda y Mejora Urbanística de la Generalitat, Carles Salá, ha dicho a Efe que se está estudiando, dada la crítica situación económica. Salá comenta que en la Comunidad hay unas 13.000 viviendas públicas y un porcentaje importante de este parque podría dirigirse a la opción compra a inquilinos de larga duración.
El secretario de Vivienda descarta que estas iniciativas respondan a amenazas privatizadoras para los organismos públicos y dice que, al contrario, lo que buscan es preservar las entidades públicas y evitar que cundan los ERE como en el caso del Instituto Catalán de Suelo, con un expediente a más de 170 trabajadores.
En Asturias, desde la recién constituida consejería de Bienestar Social y Vivienda, se critican las iniciativas que desde Madrid se venden «como si fueran la panacea». Fuentes de la consejería explican que en esta Comunidad, dentro del plan de venta de vivienda pública, hay muchas casas de baja calidad construidas hace 50 años por empresas públicas -Ensidesa y Hunosa- cerca de los lugares de trabajo, que dieron lugar a barriadas mineras y siderúrgicas. Según el Principado, estas viviendas se venden hoy en día por 4.000 ó 5.000 euros, lo que demuestra que intentar conseguir liquidez con estos planes tiene unas perspectivas de éxito «muy escasas».
En la Comunidad Valenciana, sobre un parque de vivienda municipal de 16.000 inmuebles, 7.000 ya se han ofertado a sus inquilinos, aunque en esta región en lo que se quiere insistir es en impulsar los planes de alquiler para familias víctimas de desahucios.
Otras comunidades como Aragón o La Rioja no se plantean medidas al estilo de Madrid y sí se decantan por el mercado de alquiler y el uso de pisos vacíos.
Aunque varía según qué autonomía, el perfil del beneficiario, a grandes rasgos, es el de un inquilino que lleva residiendo en la vivienda entre 5 y 15 años, está al corriente de sus pagos y percibe una renta anual inferior a 20.000 euros.
También encajan en el perfil, según qué territorios, los menores de 35 años y las familias numerosas o con discapacitados a su cargo, pero el hilo conductor de todos ellos es la falta de recursos para pagar la entrada de una vivienda libre.
