Las reacciones al llamado «pensionazo» anunciado por el Gobierno no se han hecho esperar, incluso desde las propias filas socialistas. Pese a que el anuncio del Gobierno de atrasar la edad de jubilación a los 67 años viniera avalado por el Comité Federal del partido el pasado sábado, sin embargo, ese aparente respaldo apenas oculta la honda preocupación de muchos dirigentes del PSOE por el alto coste electoral de una medida que, muy probablemente, no podrá aprobarse en lo que queda de legislatura.
Muchos diputados socialistas han dejado entrever el malestar de una decisión de la que no tenían conocimiento. «Si los sindicatos y los trabajadores la rechazan y el PP no la apoya en el Congreso, la reforma de las pensiones será inviable«. Un diputado socialista resume así la atmósfera enrarecida que se respira en el PSOE tras el sorpresivo anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de alargar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, un plan del que ni las centrales sindicales ni la patronal ni la oposición, ni siquiera el propio PSOE, conocían con antelación el menor detalle.
Sin consenso
Prácticamente todos los partidos de izquierda y nacionalistas -CiU, PNV, ERC e IU- y los sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- han expresado ya su rechazo frontal al pensionazo. Por su parte, el Partido Popular, aunque por ahora no ha manifestado claramente su oposición al contenido de la reforma, es muy poco probable que la respalde en vísperas electorales: su líder, Mariano Rajoy, se ha apresurado a marcar la estrategia de su partido al acusar a Zapatero de «dar bandazos» y de «alarmar» a trabajadores y pensionistas.
Tanto UGT como CCOO ya han dicho que sólo aceptarán retrasar la edad jubilación si es voluntaria, como ocurre ahora. Pero esa medida ha demostrado que no sirve de mucho, porque son muy pocos los trabajadores que se han acogido a ella.
Según las declaraciones del secretario general de UGT, Cándido Méndez, el Gobierno no logrará el consenso político necesario y auguró que si finalmente la saca adelante mediante un acuerdo minoritario «tendríamos problemas».
«En función de lo que han dicho los grupos políticos me da la impresión de que no van a lograr el consenso necesario», dijo Méndez en referencia a la comisión no permanente del Congreso del Pacto de Toledo a la que el Ejecutivo remitirá su propuesta.
Méndez explicó que hasta ahora ningún partido ha manifestado que comparta la propuesta gubernamental. En este sentido, el dirigente de UGT consideró que, por la manera en la que el Ejecutivo ha presentado su propuesta, «el paso previo de la búsqueda de consenso parlamentario está muy perjudicado desde el principio».
Preguntado por la posibilidad de ir a la huelga si el Gobierno saca adelante su propuesta por «la mínima», Méndez se limitó a señalar que en ese caso «tendríamos problemas».
«Hay que buscar otra alternativa, seguir avanzando en aproximar la jubilación real a la edad legal manteniéndola en los 65 años», afirmó Méndez, que abogó por mantener las medidas para incentivar el alargamiento voluntario de la vida laboral -con mejoras de entre el 2 y el 3 por ciento de la pensión- porque están dando resultados.
En su opinión, el problema de España es la edad real de jubilación (actualmente de 63 años y diez meses) y para aumentarla abogó también por conseguir que los jóvenes se incorporen con antelación al mercado laboral y por extremar las condiciones para que las empresas no usen como estrategia habitual el despido de los mayores de 50 años.
El «no» de los geriatras
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, Pedro Gil, ha criticado la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años propuesta por el Gobierno, asegurando que es una medida con fines «puramente económicos» que, según lamenta, «puede empeorar la sensación de bienestar» de los españoles.
«La salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social del ser humano», ha advertido este experto, por lo que retrasar la edad de jubilación puede acabar con «un bien social que se había conseguido» y, en caso de determinadas profesiones, puede provocar que haya trabajadores que continúen dos años más «arrastrando problemas de salud en sus trabajos».
De hecho, la propuesta de los geriatras pasa por revisar el sistema de jubilación para que a partir de los 65 años se ofrezca una jubilación programada que diera la opción de elegir en función de criterios económicos y de salud. Así, habría profesionales que «libremente» podrían retrasarla hasta los 67 e incluso los 70, lo que podría ser «incluso beneficioso para su estado de salud».
En este sentido, Gil ha destacado los problemas de depresión o ansiedad que ocasiona en algunas personas la prejubilación forzosa a los 52 años o la jubilación a los 65 cuando se encuentran en perfectas condiciones, sobre todo aquellos trabajadores de profesiones, generalmente liberales, en las que el trabajo físico no es importante y prima la experiencia personal.
«¿Cómo se puede entender que un médico que esté operando magníficamente bien y tiene experiencia en ciertas cirugías, de un día para otro se le diga que no puede operar? Sin embargo, esto no se puede comparar con el señor que carga y descarga vagones en una estación de trenes», señaló.
Sin embargo, advierte el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, «uno no puede poner un límite tan drástico», como a su juicio ha hecho el Gobierno, ya que «puede beneficiar a algunos sectores y perjudicar a otros».
Más accidentes laborales
Además, Gil ha destacado que este retraso en la jubilación puede propiciar un aumento de la siniestrabilidad y el número de bajas laborales, sobre todo a partir de 65 años, ya que aseguró que «está demostrado que poco a poco se va perdiendo las capacidades auditivas y visuales, y los reflejos y la capacidad de reacción es más lenta».
En cambio, duda de que la jubilación a los 67 años afecte a la aparición de nuevas enfermedades o en la esperanza de vida, aunque habrá que analizar estudios realizados en países con una jubilación similar para determinar una correlación clara.
Por último, el presidente de esta sociedad científica ha lamentado también que el Ejecutivo no haya contado con estos profesionales, encargados de estudiar la vejez y ofrecer terapia para sus enfermedades.
