El Gobierno y las comunidades autónomas siguen sin actuar contra las cláusulas suelo. Esta semana se cumplen tres años de la batería de denuncias que inició FACUA en marzo de 2013 contra una veintena de bancos ante las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de consumo de los diecisiete gobiernos autonómicos, que son los organismos con competencias para aplicar sanciones por este fraude masivo a los consumidores españoles.
Tampoco ha adoptado medidas la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el competente en las políticas de protección a los consumidores.
FACUA considera escandaloso que las autoridades de protección al consumidor autonómicas hayan optado por desentenderse de sus competencias sancionadoras ante el mayor fraude de la historia. En casi todos los casos, eludieron actuar ante las denuncias inventando que sólo pueden actuar los tribunales, derivando las denuncias al Banco de España o rebotándolas a otras comunidades autónomas. Es una muestra más de la pasividad de las comunidades autónomas ante las graves irregularidades que sufren los usuarios, la cuál provoca una cada vez mayor impunidad.
El macrofraude de las cláusulas suelo ha provocado miles de millones de euros de beneficio ilícito para la banca, gracias a la ausencia de actuaciones tanto de las comunidades autónomas como de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. PSOE y PP se han cambiado los papeles a favor o en contra de la cláusula suelo según estuviesen en el Gobierno o la oposición.
Desde 2009, FACUA ha pedido a los sucesivos gobiernos que adoptaran medidas. Pero durante las tres legislaturas en las que se ha venido cometido el fraude, el Ministerio de Sanidad, competente en las políticas de consumo, se ha desentendido del asunto, no ha hecho ni un amago de llevar a los tribunales a los bancos y ni siquiera ha instado a las comunidades autónomas a multarlas.
Como es habitual con los fraudes masivos, las inacción de las autoridades competentes han obligado a judicializar el caso de las cláusulas suelo -FACUA representa a cientos de hipotecados en procedimientos judiciales-. Ni siquiera provocaron la reacción del Gobierno de Rajoy las críticas de la Comisión Europea contra la decisión del Tribunal Supremo de eximir a los bancos de la devolución del dinero cobrado antes de mayo de 2013 pese a haber declarado ilegales las cláusulas suelo por falta de transparencia en su comercialización.
Las comunidades autónomas siguen sin actuar contra las cláusulas suelo tres años después de las denuncias de FACUA.
Las leyes autonómicas de protección de los consumidores facultan a las comunidades a imponer multas que pueden llegar a alcanzar entre una y diez veces (según la comunidad) los beneficios obtenidos como consecuencia de un fraude. Algo que nunca han hecho, denuncia FACUA, ni con la banca ni con ninguna empresa que haya cometido un fraude masivo en las últimas tres décadas. Las multas, en el reducido porcentaje de casos que se aplican, representan cantidades insignificantes en relación a las irregularidades cometidas, advierte la asociación.
