La situación en la que el Gobierno está dejando al Instituto de Crédito Oficial empieza a ser alarmante según los expertos, al haberse multiplicado por cinco los crédito concedidos en tres años.
El pasado 4 de marzo la vicepresidenta económica, Elena Salgado, marcaba el objetivo de inyectar liquidez a la economía aumentando un 52% la financiación a través de las líneas de mediación y un 18% las operaciones directas. Concretamente, se ha pasado a un objetivo de concesión de créditos de 44.000 millones de euros para 2010, superando en un 127% los 19.331 millones concedidos en el último ejercicio.
En estas cuentas la ministra no incluía los 10.000 millones que el ICO aporta al Fondo de Economía sostenible, ni la nueva propuesta de créditos directos para autónomos y pymes, que aprobaba el Consejo de Ministros del pasado día 9 de este mes.
Una línea esta última con la que el Gobierno pretende financiara a entre 70.000 y 100.000 emprendedores, con una media de 60.000 euros de euros por préstamo, lo que supone un volumen máximo de disposiciones de 6.000 millones de euros, cuyo riesgo asume íntegramente el Instituto.
Técnicos y Facilitadores
Con la suma de ambos instrumentos, los 28.000 millones iniciales se convierten en 44.000 millones de euros, cifra que es dos veces y media superior a la de los créditos aprobados en 2009 y que podría incrementarse aún más si se confirma que el ICO aportará el 20% de la financiación del Plan de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, lo que supondría liberar otros 3.400 millones, de los 17.000 que José Blanco ha presupuestado para su proyecto «estrella».
Un objetivo de crédito que, sin contar el Plan de Infraestructuras, supone aumentar en más de cuatro veces superior al importe de los créditos con cargo a las líneas de mediación concedidos por el ICO en 2007, año que marcó un récord en este tipo de préstamos, y que el Instituto va a tener que afrontar con la misma precariedad de medios técnicos y de personal que tenía hace tres años.
Porque manejar un volumen de créditos de 44.000 millones de euros supone quintuplicar el importe de supervisión que corresponde a cada uno de los 150 técnicos que el Instituto tiene en su plantilla. Un equipo al que en un reparto proporcional le corresponderá tramitar unos 293 millones de euros por persona, frente a los 60,5 millones que tramitaba en 2006.
Y con estos mimbres, quiere el Ministerio de Economía que el ICO analice también las solicitudes de los nuevos crédito directos y evalúe el riesgo de las miles de operaciones que se esperan. Una nueva función que, en palabras de un ex directivo del Instituto, «puede dejar al ICO al borde del colapso».