La rebaja del valor de los activos inmobiliarios anunciada la semana pasada por el ministro Luis de Guindos, llegará hasta el 50% en el caso de las promociones, el 80% en el del suelo urbanizado y prácticamente el 100% en el del rústico, según han han confirmado varias fuentes conocedoras del mismo al diario El Confidencial.
Las citadas fuentes añaden que, en principio, no se va a conceder a los bancos un plazo superior a dos años para provisionar estas caídas de valor, lo que puede meter en pérdidas a numerosas entidades. En esos casos, la intención del Ejecutivo sigue siendo inyectarles dinero del fondo de rescate europeo (EFSF), para no incrementar el déficit público, y obligarlas a fusionarse.
Esta fórmula es la alternativa al «banco malo» que ha descartado definitivamente Rajoy, cediendo así a las pretensiones de las grandes entidades. En primer lugar, pretende generar confianza en los mercados al desvelar la exposición «definitiva» de la magnitud del problema inmobiliario de la banca. En segundo, busca volver a poner en el mercado estos inmuebles a precios que esté dispuesta a pagar la demanda existente, que son muy inferiores a los que la banca los ofrece en la actualidad.
Y en tercer lugar, intenta provocar una nueva oleada de consolidación del sector financiero en la que queden sólo entidades solventes y con suficiente tamaño (por encima de 150.000 millones de activos, o incluso más). Esto se conseguirá obligando a fusionarse a las entidades que entren en pérdidas por culpa de estas provisiones, lo cual requerirá la cooperación de los principales bancos, que tendrán que quedarse con algunas de ellas.
La principal opción que maneja el Gobierno de Mariano Rajoy implica un recorte de valor de entre el 30% y el 50% para las promociones respecto al valor al que las entidades las tienen contabilizadas en sus libros; el porcentaje concreto dependerá del grado de acabado y otros factores como su ubicación.
En el caso del suelo rústico, se le otorgará un valor residual basado en su rendimiento agrícola, es decir, muy cercano a cero.
El recorte se hará sobre el valor bruto de los inmuebles. A partir de ahí se aplicarán las provisiones ya constituidas por las entidades y tendrán que dotar el porcentaje que quede sin cubrir. Eso permitirá distinguir las entidades más fuertes, que tienen un mayor nivel de cobertura de sus inmuebles, de las más débiles, que tendrán que provisionar ahora un porcentaje mayor y serán las que seguramente entren en pérdidas en un entorno de márgenes tan bajos como el actual (una simulación de BPI estimaba que un descuento del 50% para todos los activos metería en números rojos a toda la banca mediana).
El propio De Guindos estimó en una entrevista con el Financial Times que el importe total de las provisiones adicionalers necesarias para cubrir estas rebajas de valor se situaría en torno a 50.000 millones. Dicha rebaja se aplicará sólo a los inmuebles físicos adjudicados o adquiridos por las entidades como pago de préstamos incobrables, no a los créditos concedidos a promotores aunque se encuentren en situación morosa o subestándar.
