Las 45 entidades financieras adheridas al Código de Buenas Prácticas (CBP) para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, recibieron en el último trimestre de 2013 más solicitudes que durante todo su primer año en vigor (desde marzo de 2012 a marzo de 2013), según datos de la Comisión de Seguimiento.
En total han sido 4.523 nuevas solicitudes en el último trimestre, 138 solicitudes más que las recibidas desde marzo de 2012 y el mismo mes de 2013, tiempo en el que se recibieron 4.385 solicitudes. También revela una clara aceleración durante todo 2013, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre (1.967).
De las 1.624 operaciones aceptadas, en la mayoría de los casos se reestructuró la deuda y hubo 397 daciones de pago. Las denegaciones se produjeron por falta de documentación o por desistimiento como causas principales.
La progresiva mejor acogida de las medidas incluidas en el CBP se explica por las mejoras introducidas en la Ley 1/2013 de 14 de mayo que supusieron ampliar y flexibilizar las medidas de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al CBP, cuando antes debían carecer de rentas. La unidad familiar ha debido sufrir una alteración significativa de las circunstancias económicas durante los últimos cuatro años y su cuota hipotecaria debe superar el 50% de los ingresos netos, entre otras modificaciones.
Los datos referidos al nuevo CBP indican que de las 4.523 solicitudes recibidas, 2.904 (el 64,21%) se encontraban pendientes de resolver a finales de 2013. Durante ese tercer trimestre se resolvieron en cambio 3.849 solicitudes (algunas arrastradas de trimestres anteriores); de ellas se denegaron 1.529 y se aceptaron 1.624.
De las 1.624 operaciones realizadas, en 1.227 casos (el 75,55% de las realizadas, y el 31,88% de los expedientes tramitados) se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente; en 397 casos (24,45% de las realizadas y el 10,31% de los expedientes tramitados) se acordó la dación en pago y consiguiente extinción de la deuda, y en ningún caso la operación finalizó con una quita de la deuda por parte de la entidad con el fin de poder reestructurar la deuda de modo viable.
