«Hay una nueva burbuja inmobiliaria en las islas, esta vez causada por el alquiler turístico». La frase la leían hace una semana en este diario. La pronunciaba el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José María Mir, que explicaba que se han combinado tres factores perfectos para desencadenar una nueva escalada de precios de la vivienda: los bancos vuelven a dar financiación, escasea la oferta de pisos en el mercado, y la demanda de compras y alquileres se ha disparado por la rentabilidad que está dando el arrendamiento turístico en edificios de viviendas, pese a estar prohibido por la ley. Solo unos días después ya hay datos que constatan que la percepción de Mir es en realidad una descripción muy atinada del escenario inmobiliario balear: según recoge un informe del servicio de estudios de Solvia (la inmobiliaria del Banco Sabadell), en ningún lugar de España están subiendo tan rápido los precios de la vivienda, hasta el punto de que las cinco localidades de España con coste de arrendamiento más elevado son baleares (de Eivissa, para más señas).
El fenómeno afecta tanto a la venta como al alquiler. Y es de velocidad fulgurante: entre enero y junio de este año los precios de arrendamiento en Balears han aumentado un 16,2%, frente al 4,2% de media española. Así que las rentas de alquiler se encarecen cuatro veces más deprisa. Ninguna otra comunidad se acerca siquiera a una progresión que no se dio con la burbuja inmobiliaria de principios de siglo. Los datos son de Solvia, que ha analizado con técnicas de big data más de 2,4 millones de anuncios de alquiler. Dispone así de información precisa sobre 2.300 códigos postales. Pues bien, mientras el alquiler busca en las islas la estratosfera de los precios españoles con subidas del 16% en medio año, la segunda comunidad en la que más se encarece el alquiler es Cataluña, con un 12% y un factor común con Balears: están viviendo una intensa aceleración del alquiler vía AirBNB, que ha originado movimientos ciudadanos marcados por lo que en Cataluña llaman «turismofobia».
También hubo síntomas al respecto en las islas, que estrenaron el último verano con aquellas famosas pintadas callejeras en las que se pedía a los turistas que se fueran de vuelta a sus países. El germen de esa desafección hay que buscarlo en los sofocos de un día a día marcado por una presión humana sin precedentes, sí, pero también por las dificultades en el acceso a la vivienda. Han coincidido en denunciarlas colectivos de intereses tan dispares como los hoteleros, los ecologistas, los sindicatos y las asociaciones de vecinos. También documentó el creciente malestar un estudio de Tirme: la empresa de gestión de residuos realiza cada año una encuesta sobre problemas ambientales, que este año arrojó como gran motivo de preocupación para los baleares la masificación turística. Y eso que hicieron sus encuestas en junio, antes de la avalancha de julio y agosto.
Para Solvia, esa saturación también está en la explicación de que en Balears los precios de alquiler crezcan cuatro veces más rápido que en el resto de España. «El aumento de la demanda de viviendas para turismo vacacional ha provocado que muchos propietarios destinen su vivienda a este uso, por lo que la oferta de pisos en alquiler se ve reducida y los precios aumentan», analizan en la inmobiliaria del Sabadell, que documenta algo más: Balears tiene el mayor porcentaje de España de viviendas dedicadas al alquiler, oferta extensa que no impide que el arrendamiento dé una rentabilidad bruta media del 6,1% anual, la mayor del Estado, con Eivissa (7,1% de lucro), Manacor (7,5%) y Calviá (7,1%), entre las localidades españolas que más beneficios dan a los propietarios que alquilan.
Así que el problema del problema, valga la redundancia, es que es un gran negocio. De ahí las tensiones con la reforma del alquiler que tratan de impulsar el Govern, los Consells y el Ayuntamiento de Palma, que reman en una misma dirección: acotar el uso especulativo de los inmuebles como inversión turística, para recuperar la esencia de derecho ciudadano fundamental que le otorga a la vivienda la Constitución española. En ese intento explican desde el Consell y desde el Ayuntamiento restricciones al alquiler por zonas como las que hoy desvela Diario de Mallorca. Y también ahí encuentran argumentos reformas impulsadas por el Govern como que solo se puedan alquilar a turistas viviendas con más de diez años y pisos que no sean de protección oficial.
El argumento de unos y otros es que el alquiler turístico desatado está provocando graves problemas sociales. A ellos apunta el informe de Solvia, que desvela que Balears es la comunidad en la que más problemas tienen los jóvenes para emanciparse (solo tres de cada diez pueden permitírselo) y destaca un conflicto de intereses perfectamente conocido y habitualmente sufrido por los residentes: «Dos de cada tres viviendas vacacionales no están registradas como tales. Es un problema muy relevante en Balears, donde hay profesionales que tienen que renunciar a su trabajo al no poder tener acceso a una vivienda, como consecuencia de los altos precios de mercado». La burbuja inmobiliaria se infla y la sociedad estalla.
