El 90% de los afectados por desahucio no pueden acogerse a la dación en pago contemplada en el código de buenas prácticas del decreto ley de protección de deudores hipotecarios sin recursos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, según ha señalado la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau.
Durante la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social, Colau ha matizado que los requerimientos de esta propuesta obstaculizan a muchas de las familias afectadas, mientras que aquellos que pueden acogerse suelen optar por la refinanciación que les proponen las entidades financieras.
En concreto, esta dación en pago se permite a las familias en paro con viviendas por valor de hasta 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes, y de hasta 180.000 euros en núcleos de población de más de medio millón de habitantes. El umbral se fija en un valor máximo de 150.000 euros en las poblaciones de más de 100.000 personas y de hasta 120.000 euros en las de menos de esta densidad.
Además, el código contempla otros requisitos como la ausencia de avalistas, algo muy poco común en los casos de los afectados, motivos por los que Colau ha considerado que esta ILP está «más cargada de razones que nunca».
Para la portavoz de la PAH, no aprobar una dación en pago retroactiva acarrea muchísimos costes, dado que se expulsan a unas 500.000 familias del sistema que optarán por la economía sumergida y harán gasto de los servicios sociales.
Casi 350.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007
Por su parte, la portavoz de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España), Gema Gallardo, ha destacado que entre 2007 y un 2011 se produjeron casi 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana las regiones con mayor número de procesos.
Asimismo, Colau ha puntualizado que el colectivo inmigrante representa a cerca del 35% de los afectados, a la vez que ha criticado que en su día se les considerara ciudadanos de pleno derecho para firmar hipotecas y no para participar en la vida política del país, puesto que no pueden firmar en esta ILP.
No obstante, ha matizado que en las mesas que recogerán las firmas por toda España existirán pliegos no oficiales para que este colectivo también pueda mostrar su apoyo, que también estarán accesibles a través de la página web ‘quenotehipotequenlavida.org.
Responsabilidad del Banco de España
Del mismo modo, representantes de UGT y CC.OO. han respaldado la ILP, al considerar que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a una vivienda digna, y responsabilizando a la banca y a la especulación inmobiliaria de la situación actual.
«El Banco de España tiene que asumir que ha hecho dejación de sus responsabilidades, que no es otra que la supervisión de la banca», ha destacado la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, para después estimar que la iniciativa alcanzará los 5 millones de firmas
También la secretaria de Participación Institucional de CC.OO., Laura Pinyol, ha tachado la ley hipotecaria actual de «injusta», «desproporcionada» e «inhumana», deseando que la ILP tenga éxito y se tramite en el Parlamento con la misma «celeridad» que la reforma laboral.
Recogida de firmas hasta el 31 de octubre
Hasta el próximo 31 de octubre todos los ciudadanos que lo deseen podrán plasmar su firma en esta ILP a través de las numerosas mesas que se instalarán por todo el territorio nacional, como ha matizado un representante de la Conferencia Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), Pablo Gerbolés.
Así, tanto el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) como el resto de organizaciones, pretenden hacer llegar a los ciudadanos este debate social con la intención de generar un debate social «constante».
