El Ministerio de Economía diseñará las líneas para facilitar una salida «progresiva y ordenada» de los activos tóxicos ligados al «ladrillo» en los balances de las entidades financieras, con el fin de culminar en una «separación clara» entre el riesgo inmobiliario y el financiero.
Así se recoge en el Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha remitido a Bruselas, tal y como recoge Europapress, en el que se justifica esta «fase ulterior» de la reforma financiera en la necesidad de despejar «definitivamente» las dudas que se ciernen sobre la solvencia de la banca española.
«La aproximación de los valores en libros y el precio de mercado facilitarán dicha salida», señala el Gobierno, que aboga por emplear «vehículos especializados» para gestionar estos activos, cuya función se llevará a acabo de forma independiente del negocio bancario y perseguirá la «paulatina» desconsolidación de la actividad inmobiliaria.
El Gobierno además estima que la reforma financiera, que contempla provisiones de casi 54.000 millones de euros, podría rebajar la prima de riesgo española en 50 puntos básicos en el «corto plazo». Y si se suma esta reforma a las medidas fiscales para reducir el déficit público, el impacto se elevaría a 100 puntos, con lo que la prima descendería al entorno de los 300 puntos.
«La mejora en la percepción del riesgo asociado al sector financiero permitirá mejorar sus condiciones de financiación y las del conjunto de la economía española, reduciendo la prima de riesgo», explica el Ejecutivo en su programa de reformas.
Precisamente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido la separación de los activos ligados al «ladrillo» que tiene la banca española en balance, con el fin de liberar capital y que las entidades se dediquen al «negocio bancario», es decir, a la concesión de crédito.
«La posibilidad de separar activos inmobiliarios tiene sentido y es positiva para las entidades», aseguró el ministro en rueda de prensa junto a su homólogo alemán Wolfgang Schaüble, para después aclarar que primero se deberán valorar de forma «adecuada y correcta» dichos activos inmobiliarios.
